Si queremos hablar de medio ambiente en el siglo XXI debemos hacerlo desde las más de 2 millones de hectáreas de zona boscosa que ha perdido México y desde las trágicas consecuencias de esta pérdida: 51 millones de hectáreas lanzadas a la desertificación y la destrucción de biodiversidad fundamental para el futuro de México.

Más allá de cualquier declaración de funcionarios o gobernadores o presidente, el trabajo ambiental en el país refleja condiciones de deterioro, devastación y contaminación de amplias regiones, lo que a la larga se traduce en atraso y rezago para quienes habitan en ellas.

Pero, ¿qué es lo que permite que en un país como el nuestro el deterioro ambiental no se detenga? No podemos ir a las respuestas rápidas, a las que nos dirían que las políticas del gobierno son fallidas, porque esa es una realidad que ya conocemos. Lo importante es saber qué hace que el gobierno construya una y otra vez políticas fallidas en materia ambiental.

Las políticas mexicanas de medio ambiente, llenas de una ambivalencia crónica, se mueven entre la necesidad de conservar y la exigencia de cumplir con las promesas realizadas a las grandes corporaciones que llevan inversiones productivas a diferentes lugares del país.

Esa ambivalencia se centra en la visión utilitaria que tienen los recursos naturales para las empresas y para el gobierno. Para las empresas representan la oportunidad de mantener un ritmo de producción y consumo que se traduzca en plusvalía y enriquecimiento. Fin de las empresas, alejado de cualquier compromiso con el bienestar de las comunidades.

Para ello basta recorrer las comunidades en las que se asientan las empresas en el estado y ver las condiciones de devastación que han generado, más allá de los discursos de quienes al frente del gobierno la justifican como única medida de progreso para el país, y en nuestro caso, para la entidad.

Los que saben, se apresurarán a explicar que quienes gobiernan solo hacen su trabajo, que se sustenta en una serie de conceptos que, a lo largo del tiempo, más de 30 años, han demostrado que no están siendo útiles para analizar la realidad ambiental y menos para expresar la necesidad urgente de detener el deterioro.

No se trata de quién hace las políticas, sino de cuáles son las herramientas con las que hace esas políticas. Las que al paso del tiempo han demostrado que no son las ideales para alcanzar las metas establecidas en lo que comúnmente llaman “desarrollo sostenible”.

Pensar el desarrollo sin devastación y sin contaminación, es pensar más allá de la supuesta sostenibilidad que se ha venido proclamando durante décadas, concepto que se desprende de la realidad, tensa el desarrollo económico.

Los conceptos que usamos en medio ambiente ya no alcanzan a explicar la devastación, porque la devastación y la contaminación ha mostrado la inexistencia de la sostenibilidad ni como discurso de gobernantes ni como política de las empresas.

Aun muchos hablan de insostenibilidad, como una infracción, como una violación que debe ser cobrada a las empresas, pero hablar de sostenibilidad, en medio del desastre, es hablar de un sofisma, un concepto que ha jugado en favor de las empresas y en contra de la conservación. Un concepto que nadie se atreve a abandonar porque guardan la esperanza de alcanzar el estatus anhelado.

No se trata de quién hace las políticas, se trata de para qué se hacen las políticas y, en el caso de Hidalgo, se hacen para sostener un discurso y una imagen, pero no para lograr sostener los ecosistemas de la entidad. En el país, la meta es la misma, sostener discursos y promesas, poder e imagen.

México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, pero esa vulnerabilidad de ninguna manera se ve reflejada en las decisiones de quienes gobiernan los estados, ni de quien gobierna el país. Pequeños promotores de la inversión directa externa e incapaces de promover el desarrollo local a partir de las capacidades de cada región del país.

En el caso de Hidalgo, sus humedales se han visto en riesgo, y en el caso de la Laguna de Metztitlán, la afectación modificó de manera imprevista el escenario de la región. Hecho que no se ve reflejado en las nuevas decisiones del gobierno de la entidad.

Quienes, anclados a propuestas de gobierno anquilosadas y ajenas a la realidad de la entidad y del país, ven en el medio ambiente la oportunidad de ofrecer a las grandes empresas espacios y recursos para su establecimiento y usan la pobreza de sus habitantes como pretexto para justificar las decisiones adoptadas.

Es tiempo de que entendamos que si queremos hablar de medio ambiente en México, es fundamental que lo hagamos desde nuevos conceptos, desde nuevas maneras de apropiarnos de la realidad, de entenderla y por ello, nuevas maneras de demandar que el desarrollo económico reduzca sus impactos negativos al medio ambiente, ni más ni menos.