Meses antes de que 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos desaparecieran en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, la procuraduría del estado, a cargo de Iñaky Blanco Cabrera, había entregado a la PGR y al Cisen un conjunto de nombres, números telefónicos y posibles domicilios de diversos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, así como información que involucraba al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, con el narcotráfico.

En la información entregada por Blanco Cabrera figuraban los datos de quienes formaban parte de la célula de Los Tilos o Los Peques —que jugaron un papel central la noche de la desaparición de los alumnos.

De acuerdo con la declaración que el exprocurador rindió ante la Fiscalía General de la República el 1 de octubre de 2019 la entrega de estos datos ocurrió en diversos momentos y a través de diversos actores.

Entre 2013 y 2014, personal de la procuraduría del estado se reunió varias veces en la Ciudad de México con el titular de la Seido, Gualberto Ramírez. La información fue entregada también al entonces delegado del Cisen en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez, así como a Óscar Monroy y Miguel Robles Bárcena, coordinador general y secretario general de ese centro de investigación, respectivamente.

La declaración del exprocurador refiere que el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, le había insistido al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que era necesario “detener a José Luis Abarca, en el entendido de que el gobierno federal contaba con información relativa a los vínculos o involucramiento de esa persona con Guerreros Unidos…”.

“Ante la falta de respuesta”, declaró Blanco, el tema volvió a tocarse en dos reuniones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el 10 y el 20 de mayo de 2014, cuatro meses antes de la tragedia de Iguala.

El tema de Abarca y Guerreros Unidos volvió a ser tratado ante el Grupo de Coordinación Guerrero, instancia que reunía al delegado de la PGR, Miguel Amelio Gómez; al coordinador estatal de la Policía Federal, Omar García Harfuch; al secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez; al ya mencionado delegado del Cisen, José Miguel Espinosa Pérez, y al secretario de Gobierno, Jesús Martínez.

En la declaración se lee que en agosto de 2014 el delegado del Cisen presentó en la reunión el documento “Objetivos de Atención Especial”, que había sido preparado a partir de informes federales. En ese documento figuraba ya el nombre de José Luis Abarca.

Blanco recuerda también que en 2013 hubo varias reuniones del Grupo de Atención a Grupos Subversivos. En esos encuentros se abordó, dice, el tema de los “colectivos estudiantiles vinculados a grupos subversivos y a la delincuencia organizada”.

Como parte de estos grupos fue ubicada la normal Raúl Isidro Burgos: según el documento, en las reuniones del Grupo de Atención a Grupos Subversivos se avisó que los alumnos de Ayotzinapa “eran objeto de tareas de adoctrinamiento y eran empleados para realizar tareas disruptivas o delincuenciales”.

“Había un seguimiento puntual de sus actividades por parte del gobierno federal”, asegura el exprocurador de Guerrero.

La declaración del exprocurador prueba que el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo varios meses para detener a Abarca, intervenir en Iguala, desactivar o desarticular a los Guerreros Unidos: evitar la tragedia cuya sombra, tantos años después, el país sigue arrastrando.