En las dos últimas décadas, una veintena de exgobernadores han pisado la cárcel o se encuentran bajo investigación por delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito, la mayoría de estos de linaje priista y unos cuantos más procedentes del PAN. Si bien con señalamientos de por medio, los gobernantes impulsados por partidos considerados de izquierda se han declarado, hasta el momento, invictos en este renglón.

Sin embargo, este récord podría cambiar de un momento a otro con las investigaciones que tanto la UIF, a cargo de Santiago Nieto, así como la FGR, de Alejandro Gertz Manero, mantienen sobre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista que fue postulado a la gubernatura por el desaparecido Partido Encuentro Social, aunque con el apoyo de Morena y, sobre todo, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En específico, desde hace unos meses se sabe que las autoridades dan seguimiento a los principales operadores políticos del Cuau, algunos de los cuales lo acompañaron en casi toda su carrera deportiva y algunos más incluso con relación familiar, todos incrustados en posiciones de jerarquía, oficiales y no oficiales, dentro del gobierno estatal.

Las carpetas de investigación son reales y con un amplio sustento documental, según informes a los que tuvo acceso esta columna. Pese a que en ninguna de ellas se menciona al gobernador como involucrado en las transferencias irregulares de recursos, se incluyen nombres como el de su esposa, Natalia Rezende Moreira, y el de su medio hermano, Ulises Bravo.
Bravo es considerado como uno de los hombres con mayor poder en el estado de Morelos, comparable únicamente con el que ejerce el exmánager deportivo y actual jefe de la Oficina del Gobernador, José Manuel Sanz.

De hecho, la pugna entre Ulises Bravo y José Manuel Sanz ha marcado los dos primeros años de la gubernatura de Morelos, con golpes internos y señalamientos cruzados por corrupción, además de jaloneos por posiciones clave de gobierno en las que ambos grupos pretenden colocar funcionarios que les garanticen lealtad.

Sobre ambos existen ya carpetas de investigación independientes en la Fiscalía General de la República, por lo que la competencia deberá ser ahora por presentar los más contundentes argumentos legales y aclaraciones para evitar sus respectivas detenciones.

El caso de Sanz es ampliamente conocido, luego de que la UIF revelara detalles de lo que bautizó como el Caso Primavera, en el que identificó movimientos atribuibles a su persona por 741 millones de pesos de 2015 a 2019; es decir, desde que llegó con Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos.

En lo que respecta a Bravo Molina, se encuentra involucrado en una serie de triangulaciones financieras irregulares, en las que Édgar Riou Pérez, identificado como primo de Blanco, transfirió injustificadamente recursos al medio hermano y la esposa del ahora gobernador. Las transferencias, esta vez, no superaron los 200 mil pesos, lo que habla de la marca personal que la UIF mantiene sobre el grupo del exdelantero.

Ambos casos se encuentran en calidad de denuncia ante la FGR, por lo que, de judicializarse adecuadamente las investigaciones, podríamos estar cerca de ver a los primeros funcionarios impulsados por Morena rendir cuentas ante la justicia.
IGSA Medical regresa. Con alrededor de 1 por ciento del mercado en el segmento de Servicios Médicos Integrales, IGSA Medical, de Javier Sánchez, busca incrementar su presencia en el sector de salud pública. Quiere aprovechar que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la contratación de este tipo de servicios en los institutos de Salud se ha llevado finalmente a concurso abierto y con participación incluso de testigos sociales que garantizan la transparencia.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, en el que este tipo de servicios se adjudicaron de manera directa y en total opacidad, la totalidad de compañías del Grupo Industrial IGSA se enfocó en el mercado privado para amortiguar el impacto que dejó en sus operaciones la decisión de no participar en las adjudicaciones de gobierno.

En el gobierno actual, y superado el estigma que le dejó coincidir en un proyecto hospitalario con la polémica Constructora Teya —concluido en 2011 y con duración de apenas un par de meses—, IGSA cuenta con 14 contratos, obtenidos todos mediante licitación pública en un segmento en el que los institutos de Salud han entregado, en año y medio de gestión, mil 261 contratos a múltiples firmas, entre las que destacan Hemoser de Ignacio Higareda, Centrum de Valentín Campos, e Impromed de Fernando Chaín.

Mario Maldonado