Los excesos policiacos que colocaron a Hidalgo en la mira nacional, primero por el certero disparo a la cara de un manifestante de Xuchitlán y luego por el inexplicable “suicidio” de una joven doctora en Progreso, estos casos serán sin duda una difícil tarea para las adormiladas instituciones que procuran la justicia y quienes defienden los derechos humanos.
Y conste que solo fijamos nuestra atención en los casos notorios, dejando de lado el estado de emergencia que vivimos, porque en el último mes y medio se cometieron 167 homicidios dolosos en la entidad, según Tresearch.mx. Eso extravía la promocionada posición de un estado seguro.
Los hechos ocurridos en la puerta del Poder Ejecutivo, fueron tan raros que dejaron sembradas dudas que se hicieron acompañar por decenas de videos captados por los mismos burócratas estatales con sus teléfonos celulares que inundaron las redes en cuestión de minutos.
Las hipótesis planteadas allí, hablan de la repentina orden de desalojo que reciben los policías estatales cuando los manifestantes están en actitud pasiva; otra, la intencionalidad del tirador de las granadas justo a la altura de la cara; la charla previa con policías del individuo que lanza el rin que sirve como señal de tránsito; el tiempo que transcurre en ser atendido medicamente el caído; la infiltración de agente de gobernación, entre muchas más.
Damos por sentado que todas esas dudas públicas que para nadie son desconocidas, ya forman parte de las líneas de investigación que tienen los agentes encargados de esclarecer el origen y consecuencias del vergonzoso hecho.
En el caso de Progreso, es lo mismo cambia sólo cambia el ámbito de lo estatal a lo municipal. Porque luego del lamentable hecho donde pierde la vida la doctora Bety, se tiene que explicar la repentina manifestación de encapuchadas desconocidas que cuidaron los detalles de la marcha, la obstrucción de las cámaras para ingresar al Palacio Municipal, comenzar el saqueo y los destrozos.
Cuando todo había terminado, una segunda oleada de encapuchados ingreso al maltrecho edificio y le prendió fuego. Aquí, la clara intención de alterar las evidencias en el lugar de la muerte, como la presunta desaparición de los discos duros que guarda el momento del fallecimiento, son dudas que tendrán que explicar los investigadores.
La tarea de los encargados de la procuración de justicia será sin duda difícil, sobre todo porque de forma escasa presentan resultados de forma pública.
En esta ola de dudas, también se sumerge la actuación de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Hidalgo, quien solo se agazapa sin asumir la tarea asignada por antonomasia que es defender a los ciudadanos.
Sin embargo, por sus propios hechos vemos que se trata de un “queda bien” con todos y sin compromiso. Una prueba fehaciente es el reporte publicado en diciembre sobre la situación de los internos del sistema penitenciario y condiciones de las barandillas.
Prácticamente, es un informe de las mejoras materiales realizadas en los centros según fotografías y folletos, y en unos cuantos renglones, prácticamente en letras chiquitas aceptan los visitadores que hay autogobiernos, tortura, violaciones de internas. Aquí la CDHEH, al igual que las víctimas, lo dicen bajito para que no se escuche.
Entonces, cuál será la calidad de este organismo para exigir que sean respetados los derechos humanos de los manifestantes de Xuchitlán, como podrá levantar la voz por víctimas como la joven doctora Bety o tantas más humilladas en las oficinas gubernamentales y de impartición de justicia.
Lo cierto es que cuesta cerca de 50 millones de pesos cada año y su productividad real, no es mucha, pues de octubre del 2018 a la fecha apenas ha emitido 12 recomendaciones, gran parte de ellas, heredadas de su antecesor.
Nimiedades: Ahora resulta que hay que cambiar el mundo porque no me gusta verlo tan feo desde mi ventana.
Jorge Martínez
