A partir de un pago realizado en su administración a las empresas de Genaro García Luna, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México abrieron investigaciones en contra del exjefe de Gobierno capitalino y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera. Las transferencias a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad del exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y ya dieron pie a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordene una investigación a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en la que podría citarse a declarar a Mancera.
Los pagos, plenamente documentados por Hacienda, formaron parte de algunos contratos de asesoría que las empresas de seguridad de García Luna le brindaron al gobierno de la Cdmx en el sexenio pasado. Incluso, un exfuncionario de la administración mancerista, Joel Ortega, quien fuera director del Metro de 2012 a 2015 y renunciara en medio del escándalo de corrupción de la Línea 12, que fue el punto de ruptura total entre Mancera y su antecesor Marcelo Ebrard, era el vínculo entre el gobierno capitalino y Genaro García Luna, pues después de que salió del Metro, lo reclutó como su asesor.
Casi al mismo tiempo que Santiago Nieto daba a conocer los pagos del gobierno mancerista a una compañía de García Luna, se activaron también otros expedientes e indagatorias en contra de excolaboradores cercanos al líder de los senadores del PRD, entre ellos las acusaciones a Julio César Serna Chávez, exjefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, por diversas irregularidades cometidas durante su gestión como director de la Central de Abastos. Serna obtuvo la suspensión provisional de un juez federal en contra de cualquier orden de captura en su contra.
Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda en el sexenio mancerista, también ha sido acusado de actos de corrupción y de cobro de sobornos a empresarios durante su gestión de 2012 a 2018 y la Procuraduría General de Justicia ya libró una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual también Collins, otro de los cercanos a Mancera, aunque antes lo fue también del ahora canciller Marcelo Ebrard, ha tramitado una solicitud de amparo ante la justicia federal. Pero el caso García Luna parece haber sido el detonante para que no solo se soltaran los sabuesos de la UIF a nivel federal, sino que finalmente le dieran luz verde a Claudia Sheinbaum para comenzar a activar una serie de expedientes que tenían ya armados en la PGJ de Cdmx pero que estaban “frenados por instrucciones superiores”. Nada le cae mejor en estos momentos a la jefa de Gobierno para evadir los cuestionamientos a su administración que las acusaciones de corrupción contra su antecesor. Fuentes federales confirman que en estos momentos hay un “cerco” en torno a 12 personas cercanas a Mancera, sobre los que comenzarán a cerrarse investigaciones y ordenes de aprehensión entre los que se menciona no sólo a los dos hermanos Serna, sino también al exconsejero jurídico, Manuel Granados, entre otros varios.
Mancera y Andrés Manuel tenían una buena relación política y personal y la sobrellevaban a pesar de que el exjefe de Gobierno no quiso apoyar la formación de Morena, aunque nunca se afilió tampoco al PRD. Pero después de obtener el registro de Morena, en 2014, AMLO intentó hacer un mitin en el Zócalo el 20 de noviembre de aquel año y pidió el permiso al gobierno de la ciudad; pero el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se lo negó con el pretexto de que estaba muy fresco el conflicto de los maestros de la CNTE que se oponían a la reforma educativa y temían que aprovecharan la concentración morenista para intentar volver a tomar la Plaza de la Constitución.
Después se comentaría en el círculo cercano de López Obrador que en realidad Mancera se había negado a prestarles el Zócalo acatando “una orden” del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que provocó que entre los morenistas y lopezobradoristas empezarán a referirse a él como un traidor y lo llamaran despectivamente Mancerita.
Así que si la temporada de caza comenzó y han soltado los perros, veremos hasta doónde llega esta persecución contra Mancera y los manceristas, en la que son varios los actores del gabinete y de la 4T que se frotan las manos porque ven en esta cacería la posibilidad no solo de mejorar su posicionamiento político, sino también de cobrarle antiguas facturas políticas y hasta personales al exjefe de gobierno. El más importante, sin duda, se llama Marcelo Ebrard Casaubon, alguna vez padrino político de Mancera y hoy poderoso canciller del gobierno federal.
