Al recibir Morena a Evaristo Hernández Cruz, un priista tabasqueño al que López Obrador había acusado de corrupto, el hoy presidente dijo a la prensa: “todo el que está en el PRI y decide pasarse a Morena, nosotros pensamos que se le debe perdonar… Al momento en que se sale del PRI, se limpió” (Proceso, 2 de febrero de 2016). Eso ocurrió en 2016, pero marcaba la pauta que seguiría en su partido y su eventual gobierno.
Pasar de cualquier partido a Morena implicaría cruzar el Ganges y quedaría purificado. Lo que se traduce en que se repite la pauta utilizada por el viejo PRI de aplicar la ley de manera selectiva y más con motivos políticos que jurídicos; duro contra los enemigos personales y una interpretación flexible al amigo y aliado. El combate a la corrupción —piedra angular Morena y AMLO— deviene por tanto en mero recurso retórico para ganar algo de legitimidad. Ese viejo esquema que utilizó el viejo PRI, simple y sencillamente no funcionó. Si se sigue de nuevo esa desgastada fórmula, los resultados serán los mismos que hasta ahora.
En septiembre publiqué un artículo sobre el caso de Manuel Bartlett, en el que se leía: “En 1995, AMLO había tildado de corrupto a Bartlett, pero al abandonar el PRI el obradorismo lo recibió con los brazos abiertos. Ahora AMLO protege a su aliado; confía plenamente en Bartlett y descalifica las denuncias, pues provienen de gente deshonesta, conservadores que quieren dañar a su gobierno. Pese a lo cual la Función Pública abrió una investigación a Bartlett. Habrá que ver cómo se fundamenta el caso, pues existe la sospecha de que al haber lanzado López Obrador una línea de exoneración a Bartlett, veremos algo semejante a lo ocurrido con la Casa Blanca en el gobierno de Peña Nieto, a manos del entonces secretario Virgilio Andrade. Podría ser una fuerte mancha para este gobierno cristalino” (“No te preocupes, Manuel”. El Universal, 30 de septiembre de 2019).
Y en efecto, se siguió el mismo formato que en el caso de la Casa Blanca, que fue fuertemente criticado por toda la sociedad, y desde luego por los morenistas –hoy en el poder– (incluyendo a la hoy secretaria de la Función Pública). Aplica pues nuevamente la doble vara que utilizan todos los partidos sin excepción; lo que se condena con dedo flamígero en los demás, se justifica con lujo de maromas, y se defiende a capa y espada cuando se trata del partido o político favorito. ¿Quién iba en 1988 decirles a los hoy devotos de AMLO que defenderían hasta la ignominia a Manuel Bartlett?
En cambio, las críticas que desde la izquierda formula Cuauhtémoc Cárdenas se condenan como anatema. Más allá del alegato jurídico del informe desplegado por la Función Pública, lo que está en cuestionamiento es el hecho de que la dicha Secretaría es parte del Ejecutivo, por lo cual este se convierte en juez y parte. Y al dictarse una línea presidencial sobre cuál debe ser la resolución de esa Secretaría, esta la cumple fielmente, lo mismo que ocurrió con Virgilio Andrade. Y su alcance de investigación se limita al actual sexenio. No importa ni le compete lo que haya ocurrido antes de eso.
Así, una fortuna (presuntamente) mal habida no será objeto de investigación si no fue adquirida durante el gobierno en curso. Es un duro golpe al mantra sagrado de “no somos iguales”. Desde luego, a AMLO eso no le preocupa demasiado, pues cuenta con su enorme ejército de incondicionales que todo aplauden, y los cuales están ahora entregados a la defensa de la prístina imagen de Bartlett. Cosas veredes, Manuel. Sería bueno que los encuestadores nos informaran cuántos y qué sectores creen en la veracidad del informe de la Función Pública, para calcular el impacto político de este episodio.
