Hoy, ante la pandemia de coronavirus, la mente de la humanidad está puesta en la salvación de dos tipos de vida: la personal, que es primordial y prioritaria, y la económica, sin la cual aquella es inconcebible en las condiciones que hemos llegado a conocerla. Quienes tienen la enorme y delicada responsabilidad de preservarlas, son los gobernantes. De ellos dependen en alto grado la una y la otra. Y lo que hagan para salvaguardarlas, es lo que les dará su lugar en la Historia.
Mirando a la trascendencia, requieren de cualidades básicas. La primera y más importante, comprende sensibilidad, visión y determinación para poner en juego todos los medios del aparato estatal que está en sus manos a fin de cumplir el deber máximo a que los obliga su cargo: ver por el bienestar de sus gobernados.
En esa tarea, es fundamental la oportunidad y el timing. De nada sirve ser un país rico y contar con muchos recursos para enfrentar cualquier contingencia, si no se actúa a tiempo. Hacer esto, es previsión; o sea, ver antes de que ocurra un desastre y hacer cuanto se necesite para encararlo al menor costo posible.
Por la idea de conservación de la vida humana y de la fuente fundamental que la sostiene, que es la actividad industrial, todos los gobiernos han desplegado los medios posibles para evitar la mortandad de las empresas, pues sin ellas la dinámica poblacional prepandemia en todo el planeta sería inimaginable.
Para actuar en esta vertiente, se necesita sentido común a fin de tener en consideración que la riqueza proviene del trabajo, que éste produce satisfactores de todo tipo, que las empresas ocupan personal, pagan impuestos y que, con estos, se sostienen el país y el gobierno.
Si no se les da la oportunidad de que se mantengan, se rompe el círculo virtuoso que soporta la vida global moderna. Sin los gravámenes que aportan, los gobiernos se tornan pobres, no pueden hacer ninguna obra ni generar bienestar. Y sin esas dos acciones, pierden apoyo social. El consenso deriva del bien recibido, no de la verborragia.
Lo que hay que evitar a toda costa en México, es que se larve la última de las consecuencias del proceso que estamos viviendo, sea que la pandemia pase o continúe. La reclusión obligada no puede ni debe desembocar en desesperación, desorden y violencia por falta de empleo, ingreso, comida y salud. Ojalá eso nunca ocurra. Pero preverlo es obligación de quienes gobiernan.
Hay que recordar que casi el 95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas y requieren, con urgencia, de apoyos de todo tipo del gobierno federal, de la banca de desarrollo y de las instituciones financieras privadas.
Por su programa de austeridad y de combate a la corrupción, el gobierno está en una posición muy sana en el manejo de las variables macroeconómicas y cuenta con el margen suficiente para proporcionarles apoyos fiscales y de obligaciones laborales por un plazo de hasta seis meses, de acuerdo con el criterio de los economistas.
Si muchos negocios han ingresado ya a terapia intensiva, debe dárseles el oxígeno suficiente y el antídoto que requieren para no fenecer. Sólo así podrán reiniciar en su momento la recuperación, reestructuración y reconversión que les permita recontratar a su planta laboral y volver a ser eficientes y productivas.
SOTTO VOCE…
¿Qué tan cerca sentirá el fuego en los aparejos el otrora todopoderoso “señor 25%” —y su voluminoso esbirro—, por las versiones de que su exjefe, el romántico expresidente y ¡ahora sí!, sus más allegados excolaboradores serán llamados a cuentas? Por eso, según al menos dos de sus más cercanos, les ha confiado que “preferiría que me llevara el Coronavirus”.
