Con las nuevas leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, que combatirán la corrupción y la impunidad; la eliminación del fuero al presidente de la república y todos los funcionarios federales, estatales y municipales, lo acontecido hace doce años parece increíble, pero fue tan real como lo comprobamos los mexicanos décadas atrás.

En 2006 publicamos en La inocente polvorita que “en menos de dos años, tres mil funcionarios federales, estatales y municipales han adquirido el seguro de responsabilidad civil y asistencia legal que, en cierta forma, los blinda contra acciones civiles o penales que pudiera ejercitar el gobierno en sus tres niveles”.

Leímos en los diarios, durante las postrimerías del régimen de Vicente Fox, que había algo nuevo en México que pudo revolucionar el quehacer político, propiciando la impunidad de funcionarios, desde secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores y jefes de departamento, así como gobernadores y presidentes municipales, al igual que sus subalternos. Desde luego, en primer lugar, al mismo presidente de la república.

Las compañías de seguros aumentaron en poco tiempo sus ganancias, dado que el costo de la póliza variaba entre 2 mil 500 y 40 mil pesos anuales, y ante eventuales procesos judiciales ofrecía (no hay información actual si aún está vigente) una cobertura máxima de 50 millones de pesos para honorarios de abogados, fianzas y pago de daños, en caso de denuncias oficiales por casos de corrupción.

La empresa aseguradora, según la información, comenzó a funcionar en 2004 y tenía entre los asegurados a los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Francisco Gil Diaz y Luis Ernesto Derbez, así como a miles de funcionarlos diversos. Estaban en cartera los titulares de las secretarías de Turismo, Desarrollo Social, Gobernación, y de las direcciones del Infonavit y Pemex.

Lo novedoso del seguro atrajo a quienes estaban a punto de dejar sus puestos en el gobierno de la alternancia de Fox.

Se acercaban las elecciones en las que competirían el panista Felipe Calderón y Manuel López Obrador.

No era descabellado suponer que los foxistas sentían temor ante las posibles acciones que emprendería el próximo mandatario del país, cuyas iniciales estaban en las mentes inquietas de quienes tenían colas que pisarles: AMLO.

Aun cuando las empresas afines señalaban que el seguro no cubría (o cubre) “sinvergüenzadas”, es de pensarse que algunos políticos se las arreglarían, en caso de cargos civiles o penales, para retrasar la acción de la justicia. Había y hay muchos abogados del diablo cuando los honorarios son de seis dígitos.

La legislación que ampara el seguro de responsabilidad civil establecía –o establece– que los funcionarios impedidos para adquirirlo son los de la Procuraduría General de la República —actual Fiscalía General– y la Secretaría de Seguridad Pública, así como senadores, diputados, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Aun cuando la información publicada por los diarios era flaco favor para algunos funcionarios, que podrían estar en la mirada acusadora de fallido sexenio, fue válido mencionar que nuestro país adoptaba legislaciones de avanzada, como las de España y Francia, donde el modelo de seguro existe desde hace tiempo.

Históricamente, en México no podía implantarse dicho seguro porque la nación estuvo gobernada por un solo partido, el PRI, desde cuya cúpula se encubrían los actos dolosos de funcionarios de todo tipo. Eran los tiempos en que no se valían los caballazos, como alguna vez dijera el exgobernador y expresidente priista Manuel Sánchez Vite.

El panorama ha cambiado. El anterior gobierno federal apoyó económicamente la contratación del seguro de responsabilidad civil, con cargo a los presupuestos de la administración pública y sus órganos desconcentrados.

Hoy, las aseguradoras no brindan información actualizada sobre el ofrecimiento de seguros para corruptos. Vivimos los tiempos de López Obrador, quien ha pregonado y pregona el exterminio de la corrupción en México.

Anselmo Estrada Alburquerque