Redacción Criterio

Han concluido los tres debates previstos en donde las candidaturas a la presidencia de la República habrían de darnos a conocer sus propuestas y compromisos.
Se supone que los debates previstos y organizados por el INE son la oportunidad para las candidaturas de encontrarse ante la ciudadanía presentando y debatiendo sobre asuntos de interés público y con ello, dotarnos a las y los ciudadanos de elementos para el análisis de sus propuestas y en el mejor de los casos, utilizar dicha información para fundamentar nuestra decisión en el proceso electoral que habrá de celebrarse el próximo 2 de junio.
En resumen, contribuir con información presentada por las y el candidato a la definición de nuestro voto. Un voto informado.
Además, escuchamos una serie de descalificaciones, señalamientos y críticas que suelen ser parte de estos ejercicios democráticos y que no están de más, ya que los debates deben tener ataques para que podamos contrastar. Aunque no sirven de mucho si solo son golpes al aire.
En el segundo debate presidencial, entre otras temáticas, se abordó la referida al cambio climático y desarrollo sustentable.
En la presentación la moderadora Pérez Cañedo señaló que la temática resulta importante no solo para nuestro país, sino para todo el mundo, considerando el calentamiento global y la circunstancia que se vive en la actualidad, que debe estar en las agendas políticas de todas las propuestas (sic).
Y por supuesto que el abordaje del cambio climático y el desarrollo sustentable debe ser obligadamente parte de la agenda política de quien pretenda gobernarnos los próximos seis años.
¿Qué proponen las candidaturas a la presidencia de México?
En orden alfabético: La candidata Gálvez propone un desarrollo económico con pleno respeto al medio ambiente, su apuesta será un desarrollo sustentable. Compromete hacer políticas ambientales y con los Acuerdos internacionales como el Acuerdo de París.
Propone que 50 por ciento de energía sea renovable para el 2030, que México regrese a ser uno de los países que más energía barata pudo ofrecer en los mercados gracias a la participación del sector privado. Que la gente tenga energía limpia y barata. Que tengamos 0 neto de emisiones para el 2050. Dejar la adicción a los combustibles fósiles.
Propone la creación de una Agencia Trinacional México, Canadá y Estados Unidos para combatir incendios forestales. Dejar de usar combustibles fósiles y apostarle a la electromovilidad, coches eléctricos, bicis, muchas ciclovías.
Propone que la termoeléctrica de Tula pase a gas natural y así dejará de emitir demasiados gases de efecto invernadero.
Señaló que su apuesta son las energías renovables, el uso de gas natural como el combustible de transición, pero, sobre todo, apuesta al hidrógeno para grandes consumos. Plantea volver a las rondas para la energía limpia, para el tema petrolero y para las subastas eléctricas.
En materia de energías limpias plantea trabajar con el sector privado de manera honesta y transparente.
El candidato Máynez propone pasar del modelo de generación de energía basado en combustibles fósiles, en combustóleo y en termoeléctricas a un modelo de energías limpias basado en la energía solar y en la energía del viento, la energía eólica. Paneles solares en las escuelas, en los hospitales y en los hogares. Electromovilidad en el transporte público. Etiquetar todo el IEPS a combustibles para electromovilidad en el transporte público y movilidad no motorizada.
Se compromete a construir al menos 2 mil 500 km de ciclovías en todo el país y hacer un gran programa verde para México.
Plantea acabar con la refinería y con la termoeléctrica en Hidalgo.
Propone un Plan Nacional de Infraestructura Educativa y en el Nuevo Modelo Educativo para instalar huertos en todas las escuelas y contribuir a mitigar el cambio climático con una educación que comience desde la primera infancia.
Señala que hay que cumplir con el Acuerdo de París, cumplir con los compromisos internacionales.
Plantea seguir impulsando al Sur del país con enfoque de protección de su biodiversidad, con energías limpias, con la naturaleza en el centro, con ecoturismo; y a todas las regiones con una perspectiva sustentable y que haga frente al cambio climático.
Dijo que hará un fondo minero sustentable. También que es necesario construir infraestructura que permita garantizar el acceso al agua.
La candidata Sheinbaum propone trabajar en la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero reduciendo las emisiones que provocan el cambio climático y por otro lado, trabajar en la adaptación al cambio climático.
Propone un Plan Nacional Hídrico. Apoyar a la investigación en el desarrollo de la biodiversidad. Continuar con el programa Sembrando Vida.
Propone avanzar en la transición energética al 2030, en un 50 por ciento. Autos y transporte eléctrico, paneles solares, particularmente para las viviendas. Hacer más recicladoras de basura y de cascajo en todo el país.
Plantea seguir con energías renovables y al mismo tiempo tener una base con el gas. Dijo que no se puede hablar de medio ambiente si no se habla de bienestar social.
Como puede observarse, no hubo posicionamiento de ninguna de las candidaturas sobre la REMEDIACIÓN, que es una obligación del Estado. Cuando el daño socioambiental se ha generado, no basta con decir que se procurará la no repetición.
Nosotros, las y los hidalguenses, y todas aquellas personas con conciencia ambiental recordamos que, en julio de 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de la república (Semarnat) declaró la emergencia ambiental en Tula, anunciando una Declaratoria de Zona de Restauración Ecológica en los 135 poblados ubicados en la región de Tula, ante la grave contaminación del agua, del suelo y del aire, haciéndola prácticamente una “región inhabitable”.
Sabemos que el gobierno de la república hasta el día de hoy no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia Ambiental y la consecuente asignación de recursos económicos para la ejecución de proyectos para la remediación de los daños socioambientales en la Región.
Insisto, hasta mayo de 2024, ni Declaratoria publicada, ni recursos asignados, ni plan de restauración ecológica en marcha, a pesar de que las propias instancias federales reconocieron a la Región de Tula como “infierno ambiental”.
Si bien las tres candidaturas coinciden en la necesidad de finalmente transitar hacia el uso de energías limpias en lugar de fósiles como las que se utilizan en la Termoeléctrica de nuestro estado, las y los hidalguenses requerimos acciones contundentes plasmadas en una estrategia integral de remediación de los daños ocasionados al agua, al suelo, al aire; a la vida y la salud de las personas, acompañada de los recursos económicos suficientes para su implementación.
Por el momento, nos toca como ciudadanía analizar las propuestas que nos presentan las candidaturas, en este y los otros temas debatidos, decidir por la que merece nuestro voto y lo más importante, tener en mente lo que han comprometido para que sea quien sea la persona que asuma la presidencia de nuestro país, estemos atentos a exigir lo propuesto, como mínimo y lo necesario como ineludible.

Debate: el infierno ambiental de Tula, en el abandono

Pretendiendo o no, los partidos políticos se jalonean, a veces al extremo, por convencer a la ciudadanía para que vote por ellos, al respecto utilizan estrategias variadas para acercarse a la población en edad suficiente, algunas ocasiones con buena intención y en otras con mentiras que rayan en la manipulación terrorífica que va dirigida a doblegar las emociones y se aleja de las razones y la conciencia que permita con claridad definir o identificarse con alguna propuesta electoral. Todo se intensifica en temporadas electorales como esta que estamos viviendo con toda su fuerza y que culminará el 2 de junio.
Lo adultos con experiencias anteriores, o incluso, los adultos mayores parecen tener más protección de esta manipulación que flota en el escenario electoral, aunque no están exentos de caer en la inercia de las mentiras, de las verdades a medias o de la información falsa.
Pero los jóvenes electores, los que por primera vez ejercerán su derecho ciudadano de votar, parece que están doblemente expuestos y son susceptibles de ser manipulados por una batería de información tendenciosa y falsa, que si no tienen la capacidad de contrastar con otras fuentes, son capaces de caer en las redes de estos expertos, algunos incluso extranjeros, en manejar las emociones de los jóvenes y hacerlos creer que sus mensajes son auténticos y bien intencionados, que simplemente buscan ofrecerles información, pero están rodeados de conceptos que utilizan el miedo para intentar paralizarlos y que duden en participar.
Lo cierto es que los jóvenes acaban de dar un manotazo en la mesa, pues la publicación de los resultados de una encuesta a estudiantes de más de 400 universidades del país, confirma que los jóvenes sí están interesados en participar en el proceso electoral de este 2024 y su papel será fundamental, ya que las señales que envían deben ser dignas de ser tomadas por los ganadores, especialmente de quien gane la presidencia de la República.
Ellos ya tomaron partido y la gran mayoría se identifica con las propuestas progresistas, de avanzada, liberales, de izquierda; las otras preferencias indican que existe pluralidad en la elección de proyectos, pero siempre las mayorías, en democracia, serán las que lleven el control político del país.
El llamado al resto de los jóvenes, los que no están matriculados en universidades o instituciones de educación superior, va encaminado a que voten, que elijan a quien los va a representar, también que se involucren en resolver asuntos públicos, ya que la autoridad no son magos que solucionen todas las demandas de la población.
Que los algoritmos de las redes sociales no guíen sus decisiones, por ello hay que informarse.
Hay un sinnúmero de opciones para encontrar la información adecuada, que resuelva las inquietudes, los cuestionamientos, las dudas, las imprecisiones, las incertidumbres y acercarse a la verdad, lo transparente y lo honesto.
Existen demasiadas fuentes de acceso para obtener información, no solo quedarse con una sola fuente, la curiosidad debe guiar el proceso para encontrar las fuentes más confiables, que cumplan nuestras expectativas.
Los jóvenes deben huir de fuentes de información como Loret de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leyva o Azucena Uresti, pues son tendenciosas y con alto grado de manipulación, son referente para contrastar, no para acreditar, en términos generales todas las fuentes deben ser contrastadas, vale la pena que, por ejercicio mental, podamos consultar fuentes de tendencias opuestas que sirvan para equilibrar nuestras decisiones.
En Hidalgo, de los 2 millones 192 mil 569 ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral de la entidad, el 28 por ciento son jóvenes, es decir, que tienen entre 18 y 29 años de edad, lo que representa un total de 614 mil 880 personas, de acuerdo con los datos estadísticos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Todos ellos podrán ejercer su derecho al voto; sería muy temerario decir que en sus manos está la decisión del triunfo, pero lo que sí es una realidad, es que cada día el voto joven adquiere una importancia significativa en nuestra sociedad.
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Fortino Moedano

El manotazo de los jóvenes

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El impacto económico de la creciente violencia en el país representa el 19.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el reporte Índice de Paz México 2024, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Para dimensionar lo que significa esta cifra hay que decir que es una cantidad cinco y seis veces mayor a la que se destina a educación y salud, respectivamente.
Los homicidios representan el 42.3 por ciento del impacto económico de la violencia. A nivel per cápita implica un costo de 37 mil 430 pesos, que es más del doble del salario medio mensual de un trabajador mexicano.
Frente a estos números el gasto en seguridad y justicia solo alcanza el 0.65 por ciento del PIB, que es menos de la mitad del promedio que destinan los países de América Latina.
En México de 2015 a 2023, parte del gobierno de Peña Nieto, y todo lo que va del gobierno de López Obrador, el gasto en seguridad pública disminuyó en 49.9 por ciento y en el sistema judicial, en 9.1 por ciento. Un dato, entre otros muchos, que muestra el nivel de atraso del país es que tiene un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada cien mil habitantes, que es solo una cuarta parte del promedio mundial.
De acuerdo al IEP, el impacto económico de la violencia se define como el gasto y efecto económico relacionado con contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia. Incluye costos directos e indirectos.
Y contempla también un efecto multiplicador que representa los beneficios económicos que se habrían generado si todos los gastos se hubieran invertido en alternativas productivas, que construyen nueva riqueza.
En los últimos nueve años el impacto económico de la violencia se ha incrementado en 21 de las 32 entidades federativas. Esto explica el por qué ha crecido a nivel nacional en 13.6 por ciento en 2023 con relación a 2015.
El índice de paz en México se mide en una escala que va del 0 al 5. Se hace cada dos años. Entre más baja sea la calificación hay un mayor nivel de paz. A nivel nacional, en 2015, el índice fue de 2.50; en 2017, de 2.837; en 2019, de 3.10; en 2021, de 2.97 y en 2023, de 2.91.
En la medición de 2023, los estados con el peor índice son Colima con 4.74; Baja California, 4.42; Morelos, 4.13; Guanajuato, 4.05; Zacatecas, 3.79; Quintana Roo, 3.67; Nuevo León, 3.62, y Chihuahua, 3.57.
Y los estados con el mejor índice son Yucatán con 1.3; Tlaxcala, 1.60; Chiapas, 1.73; Durango, 1.96; Coahuila, 2.07, y Nayarit, 2.06. En la segunda parte de 2023 y en lo que va de 2024 en Chiapas los niveles de violencia se han incrementado de manera dramática. El índice seguro se ha modificado.
Para poder enfrentar los niveles de violencia que tiene el país, los más altos de su historia, y fortalecer el débil sistema de justicia, se requiere mucha mayor inversión, pero esta, de manera inexplicable, se ha reducido de manera considerable en los últimos años.
Las prioridades en política pública se miden por el monto de los recursos que se destinan y es claro que para este gobierno la seguridad y el sistema de justicia no están dentro de sus prioridades. Habrá que ver el Índice de Paz México 2026.

El costo de la violencia  en México

En abril, la economía del país registró un débil crecimiento del 0.1 por ciento respecto al mes anterior, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Inegi, difundido ayer. Este pequeño incremento se dio tras una caída del 0.2 por ciento en marzo. El IOAE muestra un estancamiento en las actividades secundarias y terciarias, que incluyen sectores cruciales como la minería, manufacturas, construcción, electricidad, comercio y servicios.
En términos anuales, la actividad económica creció un 1.7 por ciento en el mes pasado. Las actividades secundarias y terciarias registraron incrementos del 1.6 por ciento y 2.2 por ciento, respectivamente. Sin embargo, este crecimiento mensual implica una tasa anual de 1.75 por ciento, la más baja desde enero del mismo año. Los datos indican que la economía parece estar desacelerándose, un reflejo de los problemas económicos globales y nacionales.
Para el resto de 2024, las proyecciones no son optimistas. A pesar del crecimiento del 3.2 por ciento en 2023, superando las expectativas, se espera que el crecimiento del PIB este año sea significativamente menor. Las estimaciones varían, con rangos que van desde el 0.6 por ciento al 2.9 por ciento, según diferentes fuentes. La OCDE prevé una desaceleración hasta el 2.5 por ciento. Esta previsión es preocupante, especialmente en un entorno donde la economía estadunidense, un factor crucial para México, también enfrenta una desaceleración.
El presupuesto del gobierno federal para 2025 también experimentará una reducción significativa. Se espera que el gasto público disminuya a 24 por ciento del PIB, casi tres puntos porcentuales menos que el estimado para el cierre de 2024, que es de 26.9 por ciento. Esta reducción se traducirá en un recorte de 706 mil millones de pesos, 7.5 por ciento menos que el gasto de 9 billones de pesos aprobado para 2024. Este número muestra la magnitud del ajuste previsto para el año entrante.
Las proyecciones para 2025 son mixtas. Se espera que el crecimiento del PIB oscile entre el 1.5 por ciento y el 3 por ciento, comparado con un rango de 2.2 por ciento a 2.4 por ciento para 2024. Estas cifras reflejan una tendencia de incertidumbre y la necesidad de ajustes en las expectativas económicas.
Un menor crecimiento del PIB tiene múltiples implicaciones políticas y sociales. Un presupuesto limitado significa menores ingresos fiscales, restringiendo la capacidad del gobierno para cumplir con las exageradas promesas de campaña que han hecho los candidatos a la presidencia y a las nueve gubernaturas. Ya en el cargo, tendrán que priorizar, posponer o modificar ciertas políticas. Además, las promesas de crecimiento económico hechas durante la campaña necesitarán ser ajustadas para reflejar la nueva realidad económica.
Las políticas sociales, particularmente en educación, salud y programas de bienestar, resultarán afectadas. Un menor crecimiento del PIB limitará los recursos disponibles para estos programas cruciales, afectando a millones de mexicanos que dependen de ellos.
La situación económica actual subraya la importancia de una gestión fiscal prudente y una planificación económica realista. Nuestros gobernantes deberán adaptar sus estrategias a un entorno económico más restrictivo, asegurando que las finanzas públicas se mantengan estables mientras enfrentan los desafíos de un crecimiento más lento.

La realidad económica impedirá que se cumplan muchas promesas de campaña

Jorge Avila

Se dice&#8230; que en Actopan afloran más perfiles que pueden figurar como opciones ciudadanas para contender por las candidaturas a la presidencia municipal. Uno lo representa José Luis Uribe Moreno, quien surge después no crecer en el ánimo social. Otro es el secretario municipal Manuel Pacheco, que se apunta desde esa posición, sin dejar atrás al politólogo exguadarramista y colosista Juan José Molina Montufar, quien se visibilizó con el tema de la ciclovía, que ahora lo mantiene con las simpatías de algunos liderazgos locales. 
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Se dice&#8230; que quienes están detrás de los bloqueos son Marcos Bautista Medina y Pablo Salazar Hernández, expresidente municipal de Tlanchinol, financiando con gasolina, comida y recurso económico; además, se dice que el de Tepehuacán y de Lolotla anda queriendo hacer quedar mal al gobierno del estado. No permiten que una comisión se traslade a Molango para entablar mesa de negociación con personal de gobierno federal y estatal, que desde ayer se encuentra al pendiente, de acuerdo con la minuta que existe firmada por las partes. 
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Se dice&#8230; que en Singuilucan los suplentes de los regidores Nely Maribel López (PRI), Blanca Luz Cabrera (PAN) y Alejandro García (independiente), se alistan para ocupar sus respectivas curules, luego de que los propietarios supuestamente solicitarán licencia para ausentarse del cargo, ya que nuevamente buscarán ser candidatos para contender por la presidencia municipal, pero lo que aún no se sabe es si en el caso de las damas será bajo las siglas de los mismos institutos políticos por los que llegaron a la asamblea y si el munícipe se la aventará otra vez por la vía independiente. 
&#8212; 
Se dice&#8230; que la reciente remoción del exsecretario de Seguridad Pública de Tula Alejandro Filomeno Sánchez se debió a que tenía de cabeza a la corporación policiaca, y vaya que se notó el cambio. De múltiples quejas y denuncias por extorsión y omisión a un incremento de productividad con Enrique Ortega Hernández. Incluso, hay quien comenta que Filomeno Sánchez estaba coludido con la maña.