que nadie sabe a dónde se ha metido el supersecretario de Desarrollo Social de la alcaldía de Huejutla, Sinahí Ortega Pérez; además de no presentarse a trabajar, también ha mantenido apagado su equipo celular. El funcionario anda metido en problemas personales y de acoso a compañeras de trabajo; por si fuera poco, es señalado de desvíos de recursos públicos. No obstante, el secretario municipal Sotero Ramírez y el alcalde Raúl Badillo Ramírez le perdonan todo.

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que la que ya no ve lo duro sino lo tupido es la dirigente de la UNTA, Martha López Ríos; ahora reniega haber apoyado a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dice que ya no le quieren soltar recurso para seguir manteniendo sus gustitos, entre estos sus constantes viajes familiares al extranjero.

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que de nueva cuenta las organizaciones campesinas demostraron que lo que menos les preocupa es el campo al colocar un plantón en la entrada de las oficinas del Servicio de Atención Tributaria (SAT). Ahora pusieron como pretexto que están contra las políticas del presidente de México y la 4T ¿Será esa la razón o el cierre de la llave de privilegios que tenían con los programas federales?

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que el desgastado presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, empieza su debacle política; perdió una batalla ante su íntimo enemigo, el expanista Luis Baños, después de que la esposa de este último, Tania Sánchez Farías, ganara la elección interna para dirigir en Comité Municipal de Acción Nacional. Camacho Baños sucumbió junto con Marisela Gómez Escamilla, a quien pretendió imponer.

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que la resolución de recurso legal contra la operación de los parquímetros en Pachuca va para largo, pues aunque el viernes pasado la empresa Comuni Park –encargada de usufructuar los cajones para el estacionamiento en la vía pública– obtuvo un fallo favorable de magistrados federales en la entidad, el promovente del juicio de nulidad contra el contrato leonino que heredó Eleazar García Sánchez al municipio capitalino, Navor Rojas Mancera, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última instancia para intentar invalidar la utilización de aparatos de cobro por el uso de las calles.