La consulta para la revocación del mandato presidencial es otra vez noticia. La falta de presupuesto llevó al Instituto Nacional Electoral a posponerla hasta contar con los recursos necesarios para su realización. Fue una votación dividida. Los consejeros que se inclinaron por el aplazamiento argumentaron que hacerla con un presupuesto restringido implicaría instalar un número limitado de casillas, lo que reduciría su alcance y representatividad. Días antes de que se tomara esta decisión, la Suprema Corte había resuelto que el INE debía hacer los ajustes necesarios al presupuesto del próximo año para realizar la consulta. Sin embargo, los consejeros aseguraron que, aun luego de un esfuerzo para ajustarlo, el dinero no resultó suficiente para cumplir con los requerimientos administrativos y legales.
Las reacciones fueron inmediatas. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, anunció que presentaría denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio organismo público autónomo por responsabilidades administrativas y hasta penales, por delitos como abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
En la conferencia mañanera del viernes, el presidente López Obrador se lanzó contra los consejeros electorales.
Dijo que lo que hacen son “chicanadas”, que se trata de tácticas dilatorias y que parecen “abogados huizacheros”. Así es como la consulta para la revocación de mandato abrió una nueva confrontación entre la presidencia y el INE.
Por lo pronto, el Instituto ha dejado abierta la posibilidad de hacer la consulta si la Cámara de Diputados rectifica el presupuesto en 2 mil millones de pesos. Esto porque se necesitan 3,830 millones de pesos para capacitar a los voluntarios e instalar las más de 162 mil casillas que establece la norma.
Pero, más allá del debate por el dinero destinado para su realización, valdría la pena valorar su pertinencia. Y es que prácticamente nadie está interesado en impulsar que el presidente deje el poder antes de que termine su mandato. La incertidumbre que eso generaría es lo último que el país necesita, sobre todo con una inflación superior al siete por ciento y una crisis de inseguridad que no se ve cómo vaya a resolverse.
¿No sería mejor destinar esos casi 4 mil millones de pesos a la adquisición de medicamentos? ¿No sería más útil que todo ese esfuerzo logístico se enfocara en distribuir los tratamientos que siguen sin llegar a los hospitales públicos?
Con tantos temas urgentes sin resolver, es una lástima que se destine tanta energía, dinero y tiempo a una consulta cuyo resultado se conoce de antemano.
