Uno de los agresores que el lunes pasado tomó parte en la balacera ocurrida en el restaurante Los Otates, de la plaza comercial Andares en Zapopan, Jalisco, fue abandonado minutos más tarde por sus cómplices a las puertas de un hospital privado en El Colli.

El hombre murió antes de recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde uno de sus familiares entró en contacto con la fiscalía del estado y anunció que se dirigía a reclamar el cuerpo.

De este modo emergerá el primer nombre relacionado con el tiroteo que culminó con otras tres personas heridas (dos meseros y un policía que estaba franco), así como un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida, el cual fue sacado a la fuerza del restaurante y subido a un Spark de color rojo.

Poco antes de las 13:00 horas del lunes 8 de febrero un comando formado por entre diez y quince hombres, con chalecos antibalas y equipos tácticos, ingresó en la plaza con el propósito de extraer a uno de los comensales. Los escoltas de éste abrieron fuego contra los recién llegados. Dio comienzo un tiroteo que dejó en el piso del establecimiento más de cien casquillos percutidos.

No hubo denuncia ni por el secuestro ni por la desaparición de nadie. Los escoltas del hombre “levantado” —cuyos rasgos aparecen vagamente en diversas imágenes de video—, simplemente se levantaron (se habían tirado al piso durante el ataque, al momento de disparar) y desaparecieron.

Dado que no hay denuncias de ningún tipo, la fiscalía atribuyó los hechos a un ajuste de cuentas al interior de un grupo delincuencial, o bien al enfrentamiento de bandas rivales.

El hecho es que en Jalisco hay una escalada de violencia que incluye operaciones de alto impacto en lugares cerrados, en los que para un grupo armado normalmente resultaría complicado entrar y salir.

En la entidad han ocurrido cuatro eventos relevantes en el último año. El secuestro y ejecución del magnate inmobiliario Felipe Tomé Velázquez, a fines de 2020.

A mediados de diciembre de 2020 fue asesinado en un restaurante ubicado en el boulevard principal de Puerto Vallarta el exgobernador Aristóteles Sandoval. Alrededor de diez sicarios con armas largas se desplegaron a las afueras de una plaza comercial, mientras el político era asesinado por la espalda en el baño.

El exgobernador, relacionado también con negocios inmobiliarios, había sido amenazado por el CJNG; su secretario de Turismo fue ejecutado, y el que había sido su fiscal sufrió también un atentado al salir de un restaurante. Ese ataque ocurrió a plena luz del día y lo llevó a cabo un comando dotado de armamento pesado.

Unos días después del homicidio de Sandoval fue capturado en Puerto Vallarta un jefe de célula del CJNG: el colombiano Brian Alberto N —que operaba en Quintana Roo y, para eludir la persecución de policías locales, se hallaba refugiado en Jalisco.

¿Hay una línea que une estos hechos? “Si la hay, la veremos más adelante. Ahora no la encontramos”, asegura una fuente del gobierno estatal.

Lo que hay ya, sin lugar a dudas, es un recrudecimiento de la violencia que en Jalisco ha llegado a niveles no vistos. La ejecución a la luz pública de figuras relevantes, entre ellas, un exgobernador. El mensaje de que, aun cuando se halle resguardado por diez escoltas y se encuentre en un lugar público, en Jalisco nadie está a salvo: nadie puede sentirse a salvo.

Las calles metropolitanas, los destinos turísticos, las plazas comerciales y los restaurantes son el campo de batalla del crimen organizado.