Lo he dicho en este Espacio Abierto en algunas ocasiones y en el pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en otras cuantas: a nuestra delicada democracia hay que cuidarla para que nunca se nos acabe.
Quiero continuar con una reflexión que nos llevará a tiempos anteriores a esta discusión pública sobre una nueva reforma electoral, reforma que por cierto es la primera vez que se pretende hacer de cara a una elección presidencial y no a una elección intermedia, cosa no menor. Pero vayamos más atrás, al año 2012 cuando el marco constitucional y legal se modificó para dar cabida a una nueva forma de participación ciudadana, las consultas populares.
Esta nueva forma de participación política, constituida a partir de la idea y el principio democrático de darle a la ciudadanía mucho mayor poder de decisión y también de integrarla e involucrarla en los temas públicos del país, resultó sin duda un paso hacia adelante, un avance en la construcción democrática y ciudadana de México, sin embargo, el constituyente, es decir, el Congreso de la Unión, (integrado por todas las expresiones políticas del momento), también determinó crear mecanismos de control de esta figura, es decir, que plasmó excepciones en la propia Constitución respecto de diversas materias sobre las cuales no podían ser sujetas de consulta popular.
Aquí es donde emerge el verdadero propósito de estas líneas, las razones por las cuales la propia Constitución restringe algunos temas para que puedan ser sujetos de consulta popular, como por ejemplo, la restricción de los derechos humanos, la seguridad nacional o la materia electoral.
Para que no se corrompa el poder, este debe de mantener un equilibrio, la Constitución prevé ese sano equilibrio al impedir por ejemplo, que la materia electoral, cimiento de nuestra democracia y que tanto nos ha costado construir, se ponga en manos de una determinación mayoritaria, sin un análisis técnico e histórico de las implicaciones que cualquier decisión de reforma podría ocasionarle al sistema democrático de México.
Por eso, las encuestas o estudios demoscópicos sobre la opinión o popularidad de algunas de tantas propuestas de reformas a nuestro sistema electoral son eso, opiniones de un determinado grupo de personas sin mayor contexto, consideraciones o implicaciones de lo que una decisión de reforma podría traer a nuestra democracia.
Que el debate público sobre una posible reforma electoral, por lo que hace a los árbitros electorales, su permanencia, autonomía y al sistema de pesos y contrapesos del poder constituido, se realice escuchando a las personas expertas en la materia y a la luz de análisis técnicos serios, evaluando las experiencias y los resultados que el sistema electoral, que llevamos tres décadas construyendo y perfeccionando, nos ha dado.
En estos momentos de crispación política, preservemos y hagámosle caso a nuestra Constitución para que nuestra delicada democracia nunca se acabe.
