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A criterio deColumnasSalvador García Soto

¿Quién tiene la última palabra en el caso de la Línea 12?


Tras revelarse inconsistencias, rasuramiento de líneas de investigación sobre el mantenimiento y hasta denuncias penales por violación de evidencias y ruptura de la cadena de custodia, el dictamen final sobre el colapso de la Línea 12, que presentó la empresa noruega-alemana DNV, por encargo directo del gobierno de la Cdmx, ha perdido fuerza y credibilidad y difícilmente podría ser tomado como concluyente para definir quiénes son los responsables de la tragedia que costó la vida de 26 personas en una investigación judicial como la que ya realiza la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.

A pesar de la defensa a ultranza que ha realizado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, del informe que le entregaron los peritos de la empresa de origen nórdico, es claro que el sesgo que tomaron las investigaciones, al haber sido su gobierno juez y parte, obliga a que se realice un análisis que incluya todas las causas posibles de la tragedia que marcó la historia del Metro y no sólo las que convengan a quien conduce las indagatorias y peritajes. Al final, no se trata sólo de expiar y repartir culpas, con explicaciones simplistas, sino de llegar a una explicación de todos los factores técnicos, pero también de las acciones, decisiones y omisiones humanas que se encadenaron para que ocurriera el desastre que llenó de luto y de dolor a la ciudad y a las familias de las víctimas.

En ese sentido, habrá que esperar los peritajes de expertos calificados de la Línea 12 que está realizando la Fiscalía de la Ciudad de México.

Sin menospreciar ni demeritar la seriedad de la empresa noruega DNV y de su filial en México, según su perfil y su página de internet, se trata de una compañía privada especializada en la asesoría e implementación de sistemas de aseguramiento técnico en el sector marítimo, energético y del petróleo, gas y de realizar certificaciones de pozos petroleros y otras instalaciones industriales.

Luego entonces, la exigencia de justicia y las prisas que impone el debate público, pudieron llevar a que Claudia Sheinbaum buscara una salida fácil y a modo para satisfacer el clamor popular de conocer la verdad y de paso tratar de orientar los fallos técnicos de la empresa contratada.

Al final, la obligación de llegar a la verdad, fincar responsabilidades penales y procurar justicia, recae única y exclusivamente en la Fiscal de la Cdmx, Ernestina Godoy, quien, abstraída de las prisas, clamores y presiones, debe encabezar una investigación a fondo, que no descarte ni elimine ninguna de las líneas de investigación —incluida la falta de mantenimiento que desapareció del dictamen de DNV— y en la que se llame a declarar y a cuentas a todas las personas, empresas y autoridades responsables cuando lo dicten los tiempos marcados por su equipo de peritos. En el nuevo sistema de justicia penal, la prioridad son los derechos de las víctimas, por lo que la Fiscalía debe buscar por ley la reparación desde el inicio del procedimiento.

En los asuntos de justicia, y más en un tema como la tragedia de la Línea 12, que sigue siendo una herida abierta que todavía supura y le duele a las familias de las víctimas y a la ciudad entera, hay dos cosas que tendrá que evitar Ernestina Godoy, la primera, proceder apresuradamente o con precipitaciones que arruinen sus indagatorias y el debido proceso; y la segunda, garantizar la total autonomía e independencia de su fallo, por encima de su cercana relación política con la Jefa de Gobierno. Esta es la prueba de fuego para la primera fiscal mujer, jurista y autónoma que tiene la Ciudad de México.

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