En 2010, tres políticos que disfrutaban un gran presente se encontraron en el Foro Económico Mundial en Cartagena. Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Álvaro Uribe era presidente de Colombia y Emilio Lozoya iba de salida de ser el máximo responsable para América Latina del Foro Económico Mundial. Hoy, dos de ellos enfrentan severos procesos en sus respectivos países.

México y Colombia no acostumbraban iniciar procesos contra expresidentes y sus cercanos pero parece que las prácticas están cambiando en estos países, ambos con ciudadanos muy polarizados políticamente respecto a sus presidencias actuales y a las anteriores.

Álvaro Uribe Vélez, el político más influyente en la historia moderna colombiana, está privado de su libertad. La Corte Suprema ordenó esta semana la detención en arresto domiciliario del expresidente y senador, en un caso de supuesta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno.

En México, ya se rebasa la primera semana de la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que afronta como “testigo colaborador” dos procesos judiciales acusado de corrupción por los presuntos sobornos de más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y un supuesto fraude con una planta de fertilizantes.

Pese a que el caso del muy cercano funcionario del entonces presidente Enrique Peña Nieto podría llegar hasta las más altas esferas del poder, el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su postura es no anclarse al pasado y que es mejor apostar por la prevención de los delitos. También ha afirmado que se debe realizar una consulta ciudadana que decida si procesar o no a expresidentes y que incluso de llevarse a cabo esa consulta, él votaría en contra de que se les procese judicialmente.

Sin embargo, López Obrador igualmente ha señalado que la Fiscalía General sí puede iniciar por cuenta propia procesos judiciales contra expresidentes y ha recalcado que, si el pueblo lo decide y también la autoridad competente, entonces se debe enjuiciar a los expresidentes, comenzando, también ha dicho, por Carlos Salinas de Gortari.

El artículo 108 dice que “el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Al respecto, expertos constitucionalistas afirman que no existe un obstáculo legal y que la Carta Magna no impide investigar a un expresidente pues la limitante solo aplica para el mandatario durante el tiempo que ocupa la presidencia y que después de que deja el cargo, puede ser juzgado por cualquier delito.

Algunos analistas legales coinciden también en que la Constitución solo otorga una suerte de inmunidad temporal al cargo, con el fin del correcto funcionamiento gubernamental pero eso se acaba cuando concluye la presidencia y que, incluso, al año, la Cámara Alta puede juzgar a un expresidente y posteriormente las procuradurías, si el delito no prescribe y se consiguen elementos suficientes.

El expresidente Luis Echeverría incluso enfrentó un proceso por una fiscalía especial debido a su responsabilidad en la violencia y los homicidios de estudiantes en 1968, que no dejó consecuencias legales para el exmandatario.

¿Qué pasa en otros países?

En otras naciones donde el jefe de Estado es un presidente, el tema es igual de polémico. El senador colombiano Uribe se une a otros exmandatarios latinoamericanos que terminaron implicados en procesos judiciales, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el ecuatoriano Rafael Correa.

Perú merece una mención especial, todos los expresidentes que gobernaron tras el fin del régimen militar en 1980, están en la cárcel o han enfrentado causas judiciales. Tres están salpicados por el escándalo de Odebrecht y otros por violaciones de los derechos humanos y corrupción.

En las monarquías que existen en muchos países de Europa, África u Oriente Medio, la Corona goza de inmunidad soberana y no se les puede juzgar. En la mayoría de los casos, los monarcas están en funciones mientras estén vivos y no parece haber disposiciones para la eliminación de la inmunidad de los reyes abdicados.

Precisamente, esta semana el abdicado rey Juan Carlos I abandonó España mientras la justicia de su país y de Suiza investigan sus cuentas en paraísos fiscales, con el fin de evitar que la información de su presunta corrupción empañe la imagen de la Corona.

En algunos países de Asia Central, los mandatarios gozan de inmunidad absoluta para cualquier acto cometido, ¡incluso después de dejar el cargo!

Y también está el punto de los indultos que otorgan los mandatarios, una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Algunos presidentes latinoamericanos han perdonado a sus antecesores como en 2017, cuando el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, indultó al expresidente Alberto Fujimori, que había cumplido ocho años de prisión de los 25 a los que había sido sentenciado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato de una década.

Lo ideal sería que, cuando se descubra que un presidente se ha involucrado en delitos graves, se le debe acusar y enjuiciar como a cualquier otro ciudadano y el proceso debería ser públicamente visible, preferentemente por un fiscal especial designado por un tribunal imparcial.

Pero también están las consideraciones prácticas: el proceso contra expresidentes puede usarse como una herramienta política para los actuales mandatarios. Asimismo, existe la dificultad de que se tenga un jurado imparcial, ya que también, cuando un expresidente es acusado de conducta criminal, debería tener la oportunidad de limpiar su nombre y defender su libertad en un juicio justo.