Tuve la oportunidad de contagiarme de la alegría chilena tras su histórico plebiscito celebrado el domingo, al entrevistar en el especial televisivo a Sandra Ponce de León y Elisa Walker, reconocidas constitucionalistas del país sudamericano.

Luego de un voto contundente a favor de redactar una nueva Constitución, los chilenos comenzaron esta semana el largo proceso de redacción de una nueva Carta Magna que sustituya a la escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet, a la que culpaban de la desigualdad que vive el país.

Y es que las constitucionalistas me decían que, si bien la carta magna chilena ha tenido numerosas reformas, no se reducía la desigualdad en la sociedad, sobre todo en temas como la atención médica, las pensiones y la educación.

Las abogadas chilenas me señalaron que otros gobiernos latinoamericanos, desde México hasta Brasil, han aprobado leyes que mejoraron la igualdad en derechos humanos y reformaron sus constituciones para incluir eficazmente a grupos históricamente excluidos, como las mujeres y los pueblos indígenas.

Bolivia incluso escribió una nueva Constitución en 2008 reconociéndose a sí mismo como un país multiétnico que protege las lenguas, la cultura y las tierras indígenas.

A diferencia del resto del mundo, en América Latina los procesos constituyentes son bastante frecuentes, usados muchas veces cuando el poder cambia de manos. Reformar leyes, es en muchas ocasiones, un arma o recurso empleado por políticos latinos debido a la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones representativas.

En México seguimos con una prestigiosa Constitución que data de 1917, nacida después de la Revolución de 1910.

Es reconocida en el extranjero al ser considerada por algunos constitucionalistas como la primera que estableció derechos sociales, labores y de seguridad social.

Pero también tiene a sus críticos. En 2017, al llegar al centenario de su promulgación, nuestra Carta Magna fue criticada por el gran número de legisladores que contempla; sus debilidades en temas como la corrupción, la inequidad y la laxa observancia de sus normas por parte de los mexicanos y, sobre todo, de su clase política.

En ese sentido, los defensores de la Constitución mexicana aseguran que sus leyes sí funcionan y garantizan derechos sociales, pero identifican que el problema está en el proceso de su cumplimiento.

El que no se cumplan las leyes, no un error de diseño. Siempre se puede y se debe mejorar.

Por lo que consultar al pueblo para decisiones importantes, como vemos, no es algo exclusivo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y en el caso chileno, ha derivado en festejos en las calles incluso mayores que cuando su selección nos goleó 7-1 en la Copa América de 2016. Tras meses de protestas, algunas violentas, Chile parece haber firmado una tregua.

El voto a favor de redactar una nueva Constitución chilena acaparó titulares mundiales, pues es un proceso inédito para los países y dejará una Carta Magna paritaria que no solo reconozca a las mujeres en su derecho a participar en igualdad de condiciones, sino también a escribir una nueva constitución con equidad de género.

Si la reforma chilena deja buenos dividendos democráticos, puede servir de ejemplo para que otras constituciones inequitativas, redactadas en tiempos de dictadura o que tienen problemáticas similares, como algunas latinoamericanas, hagan lo mismo.