Uno de los derechos, también llamados prerrogativas, a las que tienen acceso los partidos políticos legalmente constituidos en México es la de recibir financiamiento de carácter público, es decir, dinero que el Estado mexicano les otorga del erario público, el cual tiene esencialmente su origen en el dinero que de los impuestos pagamos las personas contribuyentes.
Ahora bien, este financiamiento tiene distintas naturalezas; anualmente, los partidos políticos reciben financiamiento para sus actividades ordinarias, es decir, para que funcionen de manera permanente, paguen nóminas, obligaciones, tengan recursos económicos para realizar el despliegue político de su plataforma, etcétera; este recurso se entrega a través de una fórmula matemática constitucional que busca generar condiciones de equidad mínima por una parte, y por otra, una distribución con base en el respaldo ciudadano con el que cada uno cuenta a partir de sus propios resultados electorales; es decir, al final del día, más votos sí representan más financiamiento público.
Aunado a esto, en años electorales, se contempla adicionalmente al financiamiento ordinario, otorgarles un recurso para actividades de campaña que permite a los partidos políticos tener elementos suficientes para ofertar sus candidaturas a la ciudadanía.
La Constitución prevé que estas entidades de interés público –los partidos políticos– también puedan hacerse de financiamiento de carácter privado, pero con la regla de que siempre prevalezca sobre este el financiamiento público, lo cual parte de lo establecido en su artículo 41 base II, por lo que la Ley General de Partidos Políticos reguló con mucha responsabilidad y cuidado este tipo de financiamiento en su Título Quinto capítulo segundo; así, nuestro modelo de financiación de los partidos en la política.
Pero acá el asunto de análisis estriba en la permanente propuesta –que de primera intención resulta altamente popular– de retirarle a los partidos políticos el financiamiento público para actividades ordinarias y dejar únicamente aquel destinado a las campañas.
Esta propuesta vende la panacea, es decir, la supuesta idea perfecta, de que retirarles este dinero traería “ahorros” al país, que se podrían utilizar en cuestiones digamos más urgentes, acción loable en el papel, pero hay que poner las cosas en su adecuada perspectiva y analizarlo con responsabilidad.
Matemáticamente claro que significaría un ahorro, al final estamos hablando de varios miles de millones de pesos a nivel nacional, pero, al dejar a los partidos políticos sin dinero para funcionar, para mantener sus oficinas, su nómina, además de las miles de personas que perderían su empleo, ¿qué aspectos negativos tiene esta popular pero peligrosa propuesta?
De entrada, abriría al menos la tentación a que los partidos políticos puedan ser atraídos por fuentes de financiamiento lejanas al estado de derecho por decirlo de algún modo. También, esta fórmula que busca mantener la equidad en la distribución del financiamiento no existiría, entonces los partidos políticos que más dinero tendrían no serían los de mayor respaldo electoral, sino los de mayor capacidad de atraer dinero privado.
México tiene en el Instituto Nacional Electoral (INE) a uno de los mejores y más eficientes sistemas de fiscalización de recursos de partidos políticos de todo el planeta, es mejorable como toda actividad humana, pero es referente mundial por su eficacia y rapidez.
Pretender retirar de un plumazo este financiamiento con el único argumento de un supuesto ahorro a las finanzas públicas debe ser analizado con responsabilidad de Estado, para que no salga peor la solución que el problema.
El siglo XX nos llenó de ejemplos, nada es más caro que no tener democracia.
