La serie de omisiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 por el entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, fue minuciosamente documentada en las páginas 628 y 674 de la Recomendación emitida a finales de 2018 por la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esa noche en que desaparecieron en Iguala 43 estudiantes, el secretario Vázquez Pérez recibió del comandante regional de la Policía Estatal, José Adame Bautista, un reporte de que estaban ocurriendo detonaciones y que había lesionados.
A pesar de que los reportes fueron continuos desde que los estudiantes arribaron a Iguala, no se tomaron acciones: la Policía Estatal decidió no intervenir en los hechos.
Desde las 21:30 de aquella noche, el despachador del C-4 había alertado al comandante regional de que se estaban reportando disparos.
El comandante Adame alegó más tarde que el personal del C-4 le había informado que la policía de Iguala se iba a encargar de la situación, pero de esto no hay registro alguno.
De lo que sí hay registro es de que el comandante congregó a su gente en el cuartel estatal, “para reforzar la seguridad”, y establecer un perímetro alrededor del Cereso local.
Dijo que esa orden la había dado el subsecretario Gatica Martínez. Alegó que no contaba ni con elementos ni con “condiciones para enfrentar esta situación”. Así que optó por no salir, mientras en las calles de Iguala los estudiantes eran perseguidos y privados de la libertad.
Gatica declaró más tarde que había actuado por órdenes de Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
“Por alguna razón —concluyó la CNDH—, enterado de la situación prevaleciente en Iguala, el secretario de Seguridad Pública determinó que la Policía Estatal no actuara en la contingencia…” para proteger a los estudiantes. Por el contrario, existe constancia de que algunos de sus elementos participaron en la agresión, tanto en Juan N. Álvarez como en Santa Teresa.
A pesar de haber caído en contradicciones, de haber ordenado a sus elementos que se abstuvieran de actuar conforme a la ley y a sus atribuciones (de haber sido así otro hubiera sido, tal vez, el desenlace), el exsecretario de Seguridad ha sido uno de los personajes más elusivos, más borrosos, más fuera de foco de quienes integran el reparto de los hechos de Iguala.
Un año antes del secuestro y asesinato de los alumnos, como subsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez fue acusado de recibir dinero del cártel de los Beltrán Leyva. En repetidas ocasiones se ha señalado que su hermana fue pareja sentimental de Arturo Beltrán, y que ambos vivieron en una casa propiedad del capo.
Se ha escrito que su nombramiento como secretario de seguridad fue a propuesta de Jesús Ernesto Aguirre, el sobrino incómodo del entonces gobernador Ángel Aguirre, “y por encargo de los Beltrán”.
El que fuera el testigo estrella del fiscal Omar Gómez Trejo, Juan, lo acusó de recibir de los Guerreros Unidos un soborno de 50 mil dólares al mes (pero la credibilidad del testigo estrella del fiscal Gómez Trejo voló en pedazos con solo dos chats filtrados por el Ejército recientemente).
En todo caso, mientras el caso Iguala se estanca en un laberinto de pifias, inventos, fracasos y mentiras, la figura que a lo largo de siete años logró mantenerse en un segundo plano comienza a adquirir contornos más claros: el exsecretario de seguridad es uno de los temas que la fiscalía tiene entre las cejas: su nombre aparece, una y otra vez, en las comparecencias y en los interrogatorios con que se intenta hallar un nuevo camino para el caso Iguala.
