País sin ley

“Tenemos el gobierno más grande y más caro de nuestra historia, y tenemos más violencia y más pobreza que nunca.”
Julián Lebarón

 

El dueño de las dos tiendas El Surtidor en Arcelia, Guerrero, tomó la decisión este lunes 30 de abril de cerrarlas definitivamente. No sorprende. En la madrugada del domingo un grupo de delincuentes rompió las cadenas de las puertas de estos comercios y robó objetos de su interior. No contentos con ello, los delincuentes amenazaron al personal de seguridad, dejaron las puertas abiertas y azuzaron a la población para que entrara a saquear. Los dos locales quedaron limpios de todo objeto de valor. Las pérdidas se han calculado en 35 millones de pesos.
Aunque los locales se encuentran a unos 300 metros de la Presidencia Municipal, según Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero, no se informó a las autoridades estatales y federales sino hasta horas después. Para cuando llegó un contingente de policías estatales y federales, el saqueo ya era total. Arcelia, como muchas otras localidades de Guerrero, no cuenta con policía municipal.
El saqueo de estos comercios fue consecuencia de que el dueño no aceptó pagar una cuota de protección a un grupo delincuencial. Ya el propietario había sido secuestrado en dos ocasiones anteriores.
Las tiendas de El Surtidor no son las primeras inversiones que se cancelan en Guerrero como consecuencia de la inseguridad. Coca-Cola FEMSA cerró su centro de distribución en Ciudad Altamirano, cerca de Arcelia, a partir del 23 de marzo. La medida se tomó para garantizar la seguridad de más de 160 colaboradores que laboraban en el centro de distribución. “La falta de condiciones necesarias para operar de manera eficiente y segura en esta zona del estado de Guerrero, así como la reciente agresión injustificada hacia uno de nuestros colaboradores, llevó a la empresa a tomar la decisión.” El personal estaba recibiendo “constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado” y había habido también “afectaciones a las instalaciones de la empresa”.
Guerrero no es el único estado en el que se están cancelando inversiones debido a la inseguridad. Dos de los tres ductos privados para gasolina y diésel de Tuxpan, Veracruz, al centro del país están detenidos. Según Reforma, la ordeña, la inseguridad y la falta de certeza jurídica en la obtención de derechos de vía han hecho que los inversionistas se desistan de estos proyectos.
En Tamaulipas múltiples negocios han sido simplemente abandonados ante el cobro de cuotas de protección y los actos de violencia. Del otro lado de la frontera, en cambio, ha surgido una multitud de nuevos negocios creados por mexicanos que con estas inversiones buscan obtener visas de residencia en Estados Unidos y dar una oportunidad a sus hijos de vivir en un medio sin violencia.
La inseguridad tiene un costo enorme para la sociedad mexicana. La carga más importante la llevan las víctimas directas de la violencia, en especial las miles de personas que pierden la vida o sus propiedades por la acción de los criminales. Pero hay un costo adicional, que surge de la cancelación de inversiones debido a la inseguridad. Esto significa empleos que se pierden o que nunca se crean.
La principal responsabilidad del Estado es cuidar la seguridad de los ciudadanos. Lo sorprendente es que en algunos lugares de la república, como Arcelia, el Estado mexicano parece haber abdicado completamente de esta responsabilidad.

Sin censura
Un gran triunfo para la libertad de expresión ha sido el voto de los consejeros del INE Adriana Favela y Benito Nacif para evitar la censura a un spot de Mexicanos Primero defendiendo la reforma educativa. Solo en los regímenes más autoritarios se prohíbe a los ciudadanos expresar sus puntos de vista en medios, como se ha pretendido hacer en México.

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