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A criterio deColumnasJuan Manuel Menes Llaguno

Pachuca, 152 años como capital del estado


La información derivada del expediente integrado en el Congreso de la Unión, enviado en mayo de 1869 al primer Congreso Constitucional y Constituyente del Estado de Hidalgo, en el que se agregó al legajo que contiene las discusiones de la primera constitución del Eestado, que se promulgarían año siguiente, permiten saber qué municipios, corporaciones y personas se pronunciaron en favor de la creación de la nueva entidad, así como sus inquietudes para determinar el sitio donde debería quedar ubicada la capital.

En efecto, los pronunciamientos, recibidos a todo lo largo de 1868, contienen además de los razonamientos y conveniencias para erigir a la nueva entidad, el punto de vista de los ciudadanos de cada región para elegir a la ciudad donde quedarían domiciliados los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todo ello respaldado con cientos, y en algunos casos, con miles de firmas.

Si se examina con detenimiento cada una de las peticiones, pueden entenderse cabalmente los deseos ciudadanos de buscar para capital una población de fácil acceso para todos los ayuntamientos de la región norteña del entonces extenso Estado de México, en razón de las dificultades que representaba entonces tener una capital como Toluca, alejada de comunidades de las sierras Gorda y Alta, así como las de la región Huasteca, lejanía a la que se agregaba la falta de caminos transitables en todo momento, a efecto de no mantenerlas abandonas y al margen de toda política pública estatal.

La lluvia de peticiones fue tal que los encargados de realizar el estudio y proyecto de decreto para crear al estado de Hidalgo, abrumados por el enorme caudal de documentos, se conformaron solo con verificar que las peticiones ciudadanas, arrojaran una cantidad superior a los 80 mil ciudadanos, como lo exigía la fracción III del artículo 72 de la Constitución de la República, requisito ampliamente superado en una simple revisión de aquella documentación y soslayaron los pronunciamientos sobre la ubicación de la sede de los nuevos poderes locales.

Entre la múltiples peticiones había un nutrido grupo de ayuntamientos que se pronunciaron en favor de la ciudad de Tulancingo, que había sido ya capital del departamento de su nombre, durante el Segundo Imperio, destacada tanto por su producción agrícola, como la de orden comercial e industrial, lo que se reflejaba en su elevado número de habitantes –el más importante del nuevo territorio– le seguía Actopan, población que ya había fungido temporalmente como capital del Segundo Distrito Militar, cuyo crecido comercio abarcaba toda la región de los Valles de la región del Mezquital; también hubo adeptos en favor de Tula, emporio agrícola de una amplia región extendida hasta las inmediaciones de Querétaro, que al igual que Tulancingo, había fungido como capital del Departamento de su nombre; finalmente, el más importante pronunciamiento de peticionarios se inclinó por el antiguo Real de Minas de Pachuca, ciudad que tras la bonanza de 1851, había cobrado gran importancia, inclusive a esta población fue trasladada en 1863, la capital del del Segundo Distrito Militar, inicialmente establecida en Actopan; para esos entonces, Pachuca contaba con cerca de 20 mil habitantes, así como con importantes servicios públicos, administrativos y judiciales: comunicación por diligencia con la Ciudad de México –desde 1841–, alumbrado público –a partir de 1861–, dos juzgados –uno penal y otro civil– debido al alto número de asuntos, establecimiento de diversos comercios de importancia –diez– , escuelas, una imprenta, etc.

Había también condiciones adversas para cada caso, Tulancingo, era, desde 1862, sede de la Diócesis de su nombre y los criterios liberales de entonces no aconsejaban la convivencia de los poderes civil y religioso en un mismo sitio; Actopan se desdeñó debido a la falta de infraestructura para alojar a los poderes del nuevo gobierno local, lo que también sucedía en el caso de Tula, donde se agregaba, además, su alejada ubicación de la mayor parte de las regiones del nuevo estado. En el caso de Pachuca, se esgrimió, por una parte, la negativa influencia que podían ejercer sobre el gobierno estatal las grandes empresas mineras y por la otra el hecho de que su población estaba compuesta en su mayoría por trabajadores llegados de otros sitios mineros en decadencia, aunque todos estaban de acuerdo en la gran prosperidad alcanzada por el viejo Real de Minas.

Así las cosas, el 16 de enero de 1869, al promulgarse el decreto que dio vida a la nueva entidad, no había aún decisión alguna sobre la designación de su capital, situación que se prolongó por 10 días más, hasta que el 27 de ese mismo mes, arriba a Pachuca el coronel y licenciado Juan Crisóstomo Doria, designado cinco días antes por el presidente Juárez como gobernador interino, a fin, entre otras cosas, de convocar a elección de las primeras autoridades del nuevo Estado de la Unión.

La llegada de Doria a Pachuca se ha entendido como una decisión tácita de designar a esta ciudad como capital del estado de Hidalgo, pues la lógica obliga a deducir que Doria, fue enviado a esta ciudad minera por el presidente Juárez, quien así definió su deseo de elevar a esta ciudad a tal categoría, al respecto hay que recordar que Pachuca era entonces uno de los más importantes reductos de la masonería mexicana, gremio de gran influencia en la política liberal de la Reforma, circunstancia que se ha aludido como determínate en tal decisión.

La placa que ilustra esta publicación es la famosa litografía de Pachuca en 1863, realizada por el artista Hesiquio Iriarte.

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