La semana pasada, en una serie de tuits, la secretaria de la Función Pública acusó a la revista Nexos de falsificar un comprobante del Infonavit “para ocultar sus deudas en aportaciones patronales”, defraudar los derechos de sus trabajadores y obtener “adjudicaciones millonarias”. La revista fundada en 1978 por Héctor Aguilar fue inhabilitada durante dos años para celebrar cualquier tipo de contratos con el gobierno federal y los gobiernos estatales, y se le impuso, además, una multa por casi un millón de pesos.
La adjudicación “millonaria” a que se refiere la funcionaria es por un monto de 66 mil pesos más IVA. El supuesto ocultamiento de deudas para defraudar los derechos de los trabajadores y obtener adjudicaciones millonarias procede de un reparo burocrático, posiblemente un error de la administración pública, que quedó zanjado hace dos años. En medio del escándalo que se desató, uno de los funcionarios de la SFP, Jesús Robles Maloof, se refirió a los colaboradores de Nexos que habían alzado la voz en defensa de la revista como “secuaces” de Aguilar Camín.
La guerra de lodo contra Nexos, una revista que dejó de recibir publicidad del gobierno federal desde 2018, arreció en redes sociales desde que esta publicación dio a conocer con datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia de Covid-19 en México, cuyas cifras han sido sistemáticamente subregistradas por el gobierno federal. El hecho de dar visibilidad de esta información, en un momento en el que país se encaminaba con el acelerador a fondo al peor de los escenarios imaginados, colocó a la revista en el centro de la discusión nacional, e incluso internacional, y dinamitó el discurso triunfalista de la administración.
La multa que la Secretaría de la Función Pública impuso al hijo de Manuel Bartlett por venderle al IMSS con precios inflados 20 ventiladores respiratorios (19 veces más arriba de su precio en el mercado) ascendió a 2 millones de pesos: la empresa de León Manuel Bartlett le había cobrado al IMSS, por aquel equipo médico, 31 millones.
La multa a la revista por un contrato de publicidad celebrado con el IMSS por 66 mil pesos más IVA fue de casi un millón de pesos (12 veces mayor al monto del contrato).
Hoy resulta obvio que un gobierno que se ha caracterizado por no aceptar ni reflexión ni análisis, tampoco comprensión de otra realidad que no sea la enunciada cada mañana desde el Palacio Nacional —¿un gobierno, ahora sí, en busca de secuaces?—, se dio a la tarea de desempolvar viejos documentos que le ayudaran a ahogar a una publicación incómoda.
La revista entregó documentación para participar en una campaña del IMSS en la que tomaron parte decenas de empresas. Entre esos documentos figuraba una constancia de no adeudo al Infonavit que la revista había obtenido de manera digital, el 24 de mayo de 2018, en la página de ese instituto. El 17 de mayo la revista había pagado las cuotas correspondientes.
No queda claro por qué —los abogados de Nexos suponen que hubo un fallo o el pago no se reflejó de inmediato en el sistema—, el IMSS solicitó una constancia de pagos actualizada. Según los documentos del caso, la constancia se entregó: el 25 de junio de 2018, se declaró concluido el procedimiento conciliatorio y se declaró el asunto “total y definitivamente concluido”.
Dos años más tarde la revista fue notificada de que se iba a reiniciar el procedimiento y con extraña celeridad la revista fue inhabilitada y multada.
Aclaro que fui subdirector de Nexos más de 10 años. Hace casi año y medio que no formo parte del equipo editorial, ni tengo relación con la empresa. Escribo, simplemente, porque en esos años libres, de aprendizaje y fecundidad, de creatividad e imaginación sin límites, me sentí orgulloso de formar parte de una tradición: del papel que la revista y sus colaboradores han jugado en cuatro décadas en la búsqueda de un camino mejor: un camino democrático para México.
A la vista de los documentos consultados, no puede entenderse esta campaña oscura, sino como una forma de censura indirecta: un intento de acallar a una revista incómoda.