El miedo que se vivió hace ya casi 40 años (un primero de septiembre de 1982) cuando el presidente de México de aquel entonces, anunció frente al Congreso de la Unión en su último informe de gobierno, la decisión de nacionalizar la banca, producto de un sexenio marcado por la corrupción y la mala administración de las finanzas públicas. La medida de José López Portillo tuvo lugar después de meses de agobio económico. Una crisis provocada por la baja en los precios del petróleo y la fuga de capitales, así como la desmesura en los gastos públicos durante todo el sexenio, fueron factores del desastre.
En aquel entonces, el presidente tomaba decisiones que representaban una inversión de mil 400 millones de pesos por hora. “Ningún monarca del mundo tenía, en términos relativos, un poder semejante”, decía el historiador e intelectual mexicano Enrique Krauze.
Al mismo tiempo, las deudas de Pemex representaban la quinta parte de la deuda externa total. En febrero de 1982, el peso sufrió una devaluación de más del 70 por ciento.
Al nacionalizar la banca, el gobierno adquirió por parte del Estado, 37 instituciones de crédito privadas y figuró como accionista mayoritario o minoritario en por lo menos un centenar de empresas de las más importantes del país como El Palacio de Hierro y Grupo Bimbo. Por estos conceptos el gobierno se comprometió a pagar en un plazo de 10 años, 144 mil 440 millones de pesos, sólo por el costo de la propiedad, pero, que se incrementó con el costo de reposición de valores. El pago a accionistas ascendió a 64 mil 737 millones de pesos. Quienes más recibieron fueron los de Banamex, con 19 mil 375 mdp; Bancomer, 18 mil 967 mdp y Banca Serfín, 6 mil 740 mdp.
A casi cuatro décadas de distancia, no contamos con una explicación convincente de por qué tuvo lugar la expropiación bancaria anunciada en aquella fecha. En general, la propuesta de política económica contenía contradicciones que desembocaron en una crisis cambiaria de gran intensidad. En lo específico, el expansionismo fiscal y monetario implícito en esa política, era incompatible con el mantenimiento de la estabilidad cambiaria.
En congruencia con las posturas de pensamiento subyacentes en la política económica alternativa que se adoptó, la solución sugerida al presidente López Portillo por sus asesores económicos “reformistas” fue expropiar la banca y aplicar un control integral de cambios.
En mi opinión, la política antiinflacionaria debe buscar las causas que generan el proceso inflacionario en los problemas estructurales de la economía y de la sociedad; en el desfase entre una demanda agregada creciente, pública y privada, y una oferta de bienes y servicios que no se desarrolla con la misma velocidad que aquella; en los efectos que en la economía tiene la inflación internacional; en lo oneroso del sistema comercial y en los desajustes coyunturales que se traducen en actividades especulativas.
Años más tarde, un presidente nos sorprendió privatizando la banca. Carlos Salinas de Gortari, envió al Congreso un proyecto de ley que modificara la propiedad de los bancos estatales mexicanos mediante un régimen de propiedad mixta.
El Estado Mexicano controlaba la propiedad de las 18 entidades bancarias existentes, frente a las 764 que había antes de la nacionalización. De ellas sobresalían: Banamex, Bancomer y Serfín. No quiero decir que nos fue mejor, pero desde mi perspectiva, no estábamos tan mal como ahora o como antes de que eso ocurriera.
En conclusión: ¡Cuidado! No nos vayan otra vez a sorprender. En 1986 se fraguaba privatizar la banca, hay que estar muy pendientes de que no se esté ya planeando regresar a una política monetaria como la de 1982 porque entonces ahí, sí estaremos en graves problemas.
