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A criterio deColumnasHéctor de Mauleón

Muerte en el abandono


Fue muy valiente. Estaba consciente de que iba a morir. Le pidió a su hija que tuviera lista la ropa con la que lo iban a vestir cuando llegara el final: “La ropa que me voy a llevar al panteón”.

Sufría un dolor insoportable. Tenía comezón. Su piel parecía un pergamino amarillo.

Apenas en enero conversé con él. Conté aquí su historia.

En febrero de 2020, Isidro Hesiquio Herrera Hernández sufrió una pérdida anormal de peso. La presión le subía y le bajaba. Presentó temperatura. Tenía vómitos y mareos.

Su hija relata que los síntomas no le gustaron, porque algunas veces son los síntomas del cáncer. Tras algunos palos de ciego dados por los médicos del centro de salud al que acudió, el diagnóstico se confirmó: tumoración renal.

Don Isidro, de oficio albañil, y de 60 años de edad, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, “Salvador Zubirán”. Ahí le entregaron, sin embargo, una hoja que decía que “debido a la situación actual de contingencia institucional por Covid-19”, no se contaba con la capacidad para realizar la biopsia que él requería, “ni para ofrecer tratamiento oncológico subsecuente…”.

Lo refirieron al Instituto Nacional de Cancerología, Incan.

Pasaron marzo, abril, mayo y junio. Para el día 25 de este último mes lo único claro era que don Isidro padecía “de un cáncer agresivo… que podía hacer metástasis en pulmones y huesos”, que era necesario realizarle un PET-Scanner de manera urgente, “ya que existía la posibilidad de que el cáncer hubiera avanzado a otros órganos”, pero que no había manera de practicarlo porque “no se contaba con el material necesario”.

De acuerdo con la abogada Perla Moctezuma, que tomó su caso sin cobrar un centavo, don Isidro “estuvo muriéndose lentamente en su casa”: prácticamente “empezó a agonizar” desde entonces.

Durante todos esos meses no recibió tratamiento médico de ningún tipo. El 25 de junio perdió el conocimiento.

Llevaba varios días sin poder comer. Lo trasladaron a Urgencias del Incan.

“Únicamente me pusieron suero y me dieron un medicamento para las náuseas”, me relató. Le dijeron que no podían hacer más, “debido a la contingencia sanitaria que presenta el país”.

La abogada Moctezuma tramitó un juicio de amparo. Un juez le ordenó al Insabi, la Secretaría de Salud y al Incan que en 24 horas le otorgaran la atención necesaria.

No se la otorgaron. El Incan metió un recurso de revisión en el que manifestó que algunas de las enfermedades de don Isidro (diabetes, entre otras) eran resultado de sus malos hábitos alimenticios “y no del instituto”. El Insabi alegó que no había recibido recursos del gobierno de la ciudad para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud.

Le practicaron al fin una intervención quirúrgica por la que la familia tuvo que pagar más 70 mil pesos: renta de equipo, aparatos, etcétera.

Un año después de presentar los primeros síntomas, a don Isidro le dijeron que el mal estaba muy extendido. Y le recetaron un medicamente que le duraba un mes y cuyo costo era de más de 70 mil pesos.

Don Isidro se murió como lo he dicho, en medio de la impotencia de sus familiares, que también fueron abandonados y piensan que “si desde el principio se hubiera hecho algo más”, su padre “todavía estaría aquí, todavía estaría vivo”.

Poco después de ocurrida la muerte de don Isidro, el Incan exhibió 120 copias, —sin firma, por cierto, del médico tratante—, que indicaban que el paciente había recibido atención de primer nivel.

Cuenta la abogada Moctezuma: “Queda abierta la puerta para qu

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