Hace días planeaba hablar de transporte, pero otro asunto ocupó este espacio. La intención es abordarlo como un tema pendiente y desde la propia Ley de Movilidad y Transporte del estado de Hidalgo; la forma en que, pasado el tiempo, se vuelve simulación y abandono de la responsabilidad de coordinar los servicios de transporte, en este caso, el convencional.

Entonces, hablar de transporte en Hidalgo es hablar de una asignatura pendiente. Es hablar de un tema que ha estado silenciosamente ignorado por el Ejecutivo del estado, escondido bajo una maraña de intereses y abandonos, en los que prevalece un profundo desprecio por los usuarios del transporte público, sobre todo los usuarios del transporte público convencional.

Basta tomar un vehículo tipo vagoneta en Pachuca, no es necesario trasladarse a los demás municipios, el botón de muestra está en la propia capital del estado. Los vehículos no reúnen las condiciones mínimas para transportar personas.

En el segundo considerando de la Ley de Movilidad y Transporte para el estado de Hidalgo se asegura, en torno a la movilidad, “entendida ésta como un derecho humano, regulada por el Estado, debe ser sustentable; es decir, aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad, de moverse libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones en un tiempo y con un costo razonable, y que minimice los efectos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas”.

Tal afirmación por parte del Legislativo es temeraria y llena de buenos propósitos, pero solo eso, no llega ni siquiera a expresar en realidad el más mínimo respeto por la movilidad como un derecho humano y observa, el Legislativo, la manera conformista y servil con que el gobierno del estado permite a los concesionarios del transporte abusar y violentar a los usuarios, en ocasiones hasta con una sonrisa sardónica.

Más adelante, los miembros del Legislativo, ese extraño y amorfo poder desempoderado y confuso, aseguran que “es necesario planear de manera integral el futuro del transporte privado o individual, que se constituye como una minoría en las ciudades y hace realidad la intermodalidad entre todas las formas de transporte, de tal manera que se privilegie el transporte público, que es finalmente el medio de transporte más utilizado”.

Para que está afirmación se vuelva realidad es indispensable un manejo transparente de la calidad del transporte y de las acciones que se desarrollarán para mejorarlo, para volverlo eficiente y públicamente útil, de tal manera que en verdad sea el medio que ayude a desalentar el uso del automóvil como medio principal de transporte.

Sin embargo, las modificaciones a las que son sometidas las unidades de transporte convencional, tipo vagoneta, elimina todas las medidas de seguridad y protección física de los usuarios, hecho que, de acuerdo con el artículo 27, fracción IX, de la misma ley, se ve violentado de manera cotidiana por lo concesionarios del transporte público.

Es tiempo de hablar en torno a este transporte y las condiciones en las que se presta, con unidades que tienen vidrios polarizados, ventanillas del conductor con cortinillas oscuras que impiden en todo momento la visibilidad hacia el interior.

Asientos sucios, conductores que operan las unidades de manera irresponsable, son solo algunos de los muchos elementos que permitirían una acción más intensiva por parte de la autoridad en transporte. Aún si pensara el gobernador del estado ampliar los servicios del Tuzobús en la ciudad, mientras eso sucede, las unidades de transporte deberían de cumplir con las leyes vinculadas a su operación y sustentabilidad.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 28, fracción II, se habla del impulso a calles seguras, funcionales, accesibles y cómodas para todos los usuarios; a pesar de ello, las calles de las ciudades de Hidalgo tienen todo, hasta disputas políticas entre niveles de gobierno, menos seguridad, menos comodidad y mucho menos accesibilidad para los usuarios.

De hecho, podemos observar que, en algunos casos, como el de la capital del estado, las calles se han vuelto botín político y centro de disputa entre el ayuntamiento y el gobierno de la entidad. Hecho que pone de manifiesto una grave realidad: En torno a la movilidad, no se consiguen las expectativas señaladas por el Legislativo local.

¿Qué pasa con la movilidad en Hidalgo? Han pasado los meses y la aplicabilidad de la Ley de Movilidad y Transporte se vuelve un asunto más bien dejado de lado que promovido constantemente en favor de los ciudadanos del estado.

Se podría esperar, de un gobierno comprometido, con las leyes que promueve, una incesante campaña para transformar el parque vehicular destinado al transporte público en la entidad, una búsqueda de garantizar las condiciones de estos vehículos, de tal manera que se salvaguarde la integridad física de las personas y no el bienestar económico de los concesionarios.

En cuanto a las Normas Oficiales Mexicanas involucradas, podríamos mencionar una cuantas, pero ese será tema de otro día, hoy basta retomar la ley que el propio gobierno de Hidalgo promovió en la legislatura y que necesita, entre otras cosas, una revisión profunda para establecer de manera clara y precisa las condiciones de respeto al derecho humano a la movilidad.

Sí, la ley es susceptible de reformas, en las que la discusión social y la demanda primaria de contar con una verdadera movilidad, una digna, a la que cada hidalguense tiene derecho: inclusiva, respetuosa ambientalmente y sin barreras para los discapacitados.

Una movilidad en la que se comprendan los conceptos de segregación, integración e inclusión de una manera específica y real, alejada de decisiones populistas y marcadas por la ignorancia.