La estrategia política de señalar al pasado y acusarlo de todo lo malo, sin duda tiene beneficios y le da dividendos coyunturales a un gobierno que inicia. El discurso que ve en el pasado el origen de todos los problemas y de lo que está mal en una sociedad, sirve incluso como legitimador de una nueva administración y puede darle margen de maniobra a un gobernante que despega su mandato. Pero en algún punto, discurso y estrategia de justificar todos los problemas culpando al pasado, tiene fecha de caducidad, cuando la gente empieza a exigir resultados de gobierno y no sólo justificaciones.
Como todo presidente que inicia, y quizás él mucho más que sus antecesores, Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno en 2018 con un bono democrático. 30 millones de mexicanos que habían votado por él le daban no sólo sus mejores expectativas y esperanzas y otros tantos le otorgaban el beneficio de la duda en la llamada “curva de aprendizaje” al comienzo del sexenio. Pero hay un momento en el que empiezan a pesar más los resultados que los discursos y la repartición de culpas al pasado.
No poder presentar resultados concretos de gobierno, no estar concentrado en los esfuerzos institucionales para atender y solucionar las principales necesidades de la gente, hace que se empiece a perder la credibilidad en el gobierno.
El resultado de la Consulta Popular del domingo pasado, más allá del análisis de los números o de la eficiencia organizativa, podría también leerse como un divorcio definitivo de la gente con el gobierno. Un gobierno que impulsa una agenda en la que una buena parte de la sociedad ya no se identifica y no la hace suya.
Lo que se vio el domingo en un ejercicio de participación que si bien es importante y sienta un precedente para la democracia participativa, no parece haber justificado un gasto económico tan grande, de 526 millones de pesos en momentos en los que hay una pandemia en crecimiento y una crisis económica y de recursos en el país. Se diría a partir de eso que la gente y sus necesidades van por un lado y el Gobierno de la República, con su agenda, va por otro camino. Los dos por caminos separados.
Así que el 7.11% de participación final que tuvo la Consulta puede significar muchas cosas, según el cristal con que se quiera ver. Puede ser considerado un “éxito de la democracia” por los 6 millones 608 mil ciudadanos que decidieron salir a participar y expresar su opinión sobre la pregunta planteada, pero también puede entenderse como la comprobación de que, para el gobierno de López Obrador, el pasado ya no es lo que era y dejó de ser una veta y un discurso con el que puede seguirse legitimando y justificando la ausencia de resultados.
En todo caso, si la Consulta Popular y su pretendido “juicio a los expresidentes” era parte de la agenda de este gobierno y de su partido, está claro que la agenda de la 4T ya no es necesariamente la agenda de muchos mexicanos ni de lo que hoy necesita el país.
NOTAS INDISCRETAS… Ahora resulta que la campaña presidencial del PAN en 2012 se manejó sola y que los gastos, inversiones y erogaciones financieras para el proselitismo del que era entonces el partido gobernante se hizo casi por arte de magia y sin que nadie fuera responsable. Al menos eso parece tras las reacciones que generó la noticia de que la UIF y la FGR están investigando depósitos y egresos por cerca de 63 millones de pesos, realizados en 2012 a un despacho legal vinculado directamente a Gil Zuarth, que coincidente con las fechas de esas transferencias, era el coordinador de la campaña de la candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota. Tanto la excandidata y actual senadora del PAN, como el que fuera su coordinador, han salido a deslindarse… Los dados giran. Tocó Serpiente.
