Siempre que escucho que ya somos menos pobres en el estado, que el avance económico refleja la oportunidad de acabar con la pobreza o que los puestos de empleos se encaminan de manera positiva a reducir las desigualdades, vuelvo el rostro y me pregunto si es verdad.

La forma en que se mide la pobreza y el desarrollo social tiene en nuestro país una práctica alejada de los derechos humanos, pareciera que se mide la pobreza en función de los intereses de los mercados y no en función del bienestar de la población.

Ser pobre no es un derecho, ser pobre no debería ser una opción, medir la pobreza como mecanismo de inclusión e igualdad es un recurso que al final del día pareciera fundamentar la existencia de la misma y asignarle una función social y de carácter económica.

Es de reconocer que el índice de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), según su propia información, no corresponde a lo enunciado en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

La misma que en su artículo primero en el inciso uno, establece que “garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acce-so de toda la población al desarrollo social”, es el objeto primordial de dicha ley.

Desde muchas perspectivas, el combate a la pobreza se ve como una noble labor encabezada por los tres niveles de gobierno, una en la que a decir de quienes gobiernan, se involucra la sensibilidad, la preocupación y el anhelo de quien encabeza la administración pública nacional, estatal o municipal, conceptos subjetivos y emocionales, alejados de la realidad jurídica del bienestar.

Las políticas públicas representan el cumplimiento del orden jurídico que les da sentido. Son el reflejo fiel del acto de gobierno y la herramienta ideal en la toma de decisiones por parte de quien encabeza. Son una expresión de como al cumplir la ley se promueve el crecimiento económico, la igualdad y, en el caso de México, los derechos humanos.

Sin embargo, pareciera que ser pobre es producto de una decisión personal y no de las condiciones económicas y de la distribución de la riqueza; pareciera que si hoy alguien lograra salir de la pobreza es un hecho resultado de la sensibilidad de quien gobierna y no un derecho inalienable de la persona.

No hay, al menos no se ve, una relación entre combate a la pobreza y acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Sin esa relación el combate a la pobreza se puede considerar inexistente y, ocasionalmente, violatorio de convenios internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Resulta extraña la medición de la pobreza, pareciera que, en lugar de decir que vamos rumbo al desarrollo y bienestar de las personas, justificara la existencia de los pobres y mostrara la imposibilidad de estas para abandonar ese estado.

No abandonar el estado de pobreza en un sistema como el nuestro, basado en la desigualdad y la exclusión, implica ser objeto de manipulación y condicionamiento, partiendo del uso faccioso de los recursos públicos en beneficio de un grupo de carácter político o económico, como sucede tradicionalmente en la entidad. Botones de muestra sobran, obras “generosamente donadas” por empresas con un profundo sentido de “responsabilidad social” aun cuando sus productos y sus modelos productivos no expresan de ninguna manera esa responsabilidad.

Obras públicas que en su momento permiten mostrar al gobernante afable y preocupado por el destino de un sector poblacional.

La pobreza de cientos, de miles, es el pretexto perfecto para hablar de la sensibilidad y el compromiso social, más en tiempos de elección, en donde, recuerdo haberlo dicho más de una vez, la pobreza y su manipulación egoísta por “Tiros y troyanos”, se vuelve la moneda de cambio usada para sostenerse o agregarse a las filas de quienes detentan el poder.

Ser pobre no es un derecho, ser pobre imposibilita el disfrute de todos los derechos, incapacita socialmente a las personas para ser parte de la construcción y disfrute social del progreso del estado.

La pobreza no debería estar en el discurso de nadie, sino para justificar de manera plena su erradicación y su eliminación. La pobreza se ha convertido en la moneda de cambio en el ámbito económico, político y social. Utilizada para obtener seguidores y para denostar adversarios.

La pobreza es parte de esa inadecuada concepción del gobierno, en donde todo mundo debe agradecer el trabajo que, dicen, está bien hecho. La pobreza, por mínima que sea, demuestra la incapacidad en el diseño de políticas públicas del desarrollo y la ineficiencia en el acto de gobernar.