Por segundo año consecutivo se rompió aquella tradición decembrina de los diputados locales que los obligaba a la aceptación dócil del presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo; por segunda ocasión, en 90 años, el documento es sujeto a revisión, para bien o para mal, en este nuevo escenario político donde la mayoría apabullante de priistas ya es historia.

Son 50 mil 202 millones de pesos los que esperan ser autorizados para que se ejerzan el año venidero, aunque es alta la cifra, en los hechos, la efectividad de ese dinero se pierde cuando no es aplicado con eficacia.

Por ejemplo, el estudio Creatividad contable, el arte del engaño, realizado por el IMCO refiere en su publicación de hace unos días que Hidalgo, en el año fiscal 2018, devolvió a la Federación al menos 532 millones 271 mil pesos al no ser ejercidos de manera oportuna.

La cantidad es alta, si consideramos que un 46 por ciento de los hidalguenses gana menos del costo que tiene la canasta alimentaria, es decir, que no genera recursos suficientes para alimentar a su familia.

Esos recursos, aplicados al bienestar social, sin duda tendrían excelentes resultados en metas no tan ambiciosas como generar pequeñas empresas de servicios que además de inyectar la economía de los pueblos, brindaría la posibilidad de crear fuentes de empleo.

Quiero suponer que los diputados –la mayoría de Morena— tratan de entender por qué la oficina del secretario de Gobierno, Simón Vargas puede disponer casi 3 millones de pesos diarios, al buscar un presupuesto superior a los mil millones de pesos. La pregunta sería cuál es su destino.

Otra pregunta obligada es la razón de por qué los encargados de la planeación ejecuten obras cuando existe una secretaría formal y, para ello, busquen disponer de más de 600 millones de pesos para 2020.

Tal vez todo tenga una razón de ser; sin embargo, no se entiende cómo la secretaría encargada de estimular la producción rural, el arraigo de los hombres del campo en su tierra y hacer producir los alimentos de la entidad, apenas alcance 150 millones de pesos, una cuarta parte de la citada dependencia.

Una cantidad semejante está destinada al rubro de Turismo, la cual poco o nada produce, aunque ha desarrollado una aptitud increíble para montarse en fiestas tradicionales y eventos pagano-religiosos para embarazar sus logros anuales.

Otro extraño rubro es la existencia de una oficina encargada de políticas públicas, la cual tendrá posibilidad de operar más de 170 millones de pesos. La pregunta obligada sería en qué y para qué. Hasta el momento los resultados son tan subterráneos que ponen en duda su existencia legal y moral.

La capacidad del titular se afirma como excelente al menos en su raíz académica y posteriormente trabajando en las obras del fallido aeropuerto de Texcoco; sin embargo, el lenguaje corporativista y burócrata hípster utilizado en sus propuestas difícilmente han logrado aterrizarse en los hechos.

La movilidad que también podría alcanzar un gasto de casi 200 millones de pesos, difícilmente tendría razón de ser, aunque tan vez solo busquen con ese dinero público salvar al Tuzobús, que nació muerto, porque careció de estudios de factibilidad operativa y financiera. Los hechos así lo han demostrado a costa del propio usuario.

En fin, es cosa de horas para que sea aprobado este presupuesto, el cual, como ya es costumbre será catalogado como “histórico” y los resultados estarán en veremos.

Nimiedades: La pipa incendiada ayer en Matilde mostró la urgente necesidad de construir un anillo periférico a la ciudad y dar vialidad en todos los sentidos, en lugar de atiborrar las mismas vialidades hechas hace 25 años.