La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien buscó presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asegura no tener conocimiento de que se le investigue por presuntas irregularidades en sus operaciones financieras, en las de su esposo y en las de dos de sus familiares. Sin embargo, fuentes del gabinete presidencial confirman lo publicado en este espacio el viernes 30 de octubre.

Según las pesquisas, hay omisiones en la declaración patrimonial de la magistrada, pues aunque consigna únicamente ser propietaria de un condominio ubicado en Zapopan, Jalisco, adquirido en copropiedad con su marido Miguel Leonardo Díaz Cuadras, se ha detectado que es dueña también de una casa en La Paz, Baja California Sur, la cual presuntamente adquirió a nombre de su padre, Eligio Soto López, pero que se encuentra a nombre de Soto Fregoso desde 2008.

En investigaciones de organismos de la Secretaría de Hacienda, se detectó que la magistrada no había realizado declaraciones fiscales en los años previos a 2013, pese a que ocupó diversos cargos tanto en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Baja California Sur y en el Tribunal Estatal Electoral de esa misma entidad.

En lo que se refiere a su padre, Eligio Soto López, existen distintas denuncias del núcleo ejidal La Purísima desde 2011, por el despojo de 425 mil hectáreas localizadas en las zonas de la Sierra, el Golfo de California y el Océano Pacífico. Se señala que, aprovechando sus cargos como delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria y posteriormente de la Procuraduría Agraria, se apropió y tráfico con terrenos ejidales y comunales, en los cinco municipios de Baja California Sur, terrenos que, a su vez, entregó a diversas constructoras del estado, particularmente a la firma Grand Visión Construcción SA de CV y sus filiales.

El hermano de la magistrada, César Soto Fregoso, fue dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional en Los Cabos y entre 2010 y 2011 fue señalado por encabezar invasiones de predios en ese municipio.

El caso que más llama la atención es el de su esposo, Miguel Leonardo Díaz, quien se presenta como un artista plástico mexicano, creador de obras en óleo, acuarela, acrílico, pastel, carbón, con exposiciones colectivas e individuales tanto en México como en el extranjero, aunque tiene como actividad financiera y fiscal la construcción de vivienda tipo medio y trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes.

Leonardo Díaz nunca había declarado ingresos hasta el año pasado; sin embargo, de 2015 a 2019 tiene entradas que suman más 3 millones de pesos, y de 2012 a 2013 recibía bajos montos de dólares en efectivo. Se identificaron cuatro cheques interbancarios recibidos entre 2015 y 2018, por un total de 274 mil pesos; se detectaron 64 transferencias de fondos electrónicas realizadas entre 2015 y 2019, todas de SE Servicios de Diseño S de RL de CV, por un total de 2.5 millones de pesos, y se identificaron seis cheques interbancarios emitidos en esas mismas fechas por un total de 703 mil pesos.

En 2015, adquirió un vehículo nuevo con un valor de 653 mil pesos. De 1995 a 2000 se le identificó como accionista de Diespro, SA de CV; posteriormente vendió sus acciones y su exsocio, Edgar Espejo Espinosa, lo dio de alta en el IMSS como su empleado. Lo más extraño es que entre 2015 y 2016 recibió transferencias electrónicas de la propia Gran Visión Construcción SA de CV, la misma firma constructora que se benefició con el tráfico de terrenos comunales y ejidales en Baja California Sur.

Mario Maldonado I Pachuca