A consecuencia de esa perniciosa secrecía que promueven alrededor del inventario de los bienes estatales, es como se han gestado serios golpes no solo al patrimonio de los hidalguenses, sino también a su historia, esa que se cuenta por lugares y espacios.

En la página de transparencia del gobierno estatal aparece este inventario en donde se manifiestan tanto bienes muebles como inmuebles. Pensaríamos que la pereza de los burócratas hace que aparezca en tres o cuatro palabras la definición del bien, el cual va acompañado de una clave numérica.

Sin embargo, por el otro lado habría malos pensamientos de tratar de esconder el domicilio exacto, las medidas y colindancias en caso de bienes inmuebles.

De cumplir con este principio, no se habría levantado extrañamente un fraccionamiento privado a espaldas en un lote a espaldas de la casa de gobierno, mismo que servía como caballeriza o bien, un fraccionamiento exclusivo en una zona donada para construir el Club de Industriales.

La manga ancha que tiene el Secretario de Finanzas del gobierno en turno para desincorporar bienes muebles o inmuebles del patrimonio, se reduce a un acuerdo con el gobernador, puesto que en ningún momento la transacción es autorizada por los diputados u otro ente de corte ciudadano.

Gracias a ello, se cometió el latrocinio de vender por centavos la propiedad de lo que fueran los Talleres de Maestranza, esa esmeralda que se ve amenazada de perder sus seis hectárea de verdor por la ambición de una empresa inmobiliaria.

El Comité para la Preservación y Conservación del Centro Histórico de Pachuca ya levantó la voz en torno a este inmueble catalogado con el número 130480010135 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En contestación a una solicitud de Infomex que realizó quien esto escribe, el gobierno estatal informó haber recibido el terreno de 60 mil 13 metros cuadrados el 15 de enero del 2003 y el cual vendió en 8 millones 737 mil 647 pesos.

Allí mismo, el Poder Ejecutivo contestó que esta transacción del gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto quedó asentado en un decretó oficial del 5 de mayo de 2003. Extraño, pero resulta que esa edición del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo no existe en la edición digital. La causas, nadie las sabe, ni los propios empleados.

Como tampoco nadie ha querido informar quién fue el comprador, según las reglas de secrecía del sistema de transparencia gubernamental.

Ahora es justo y necesario que el entonces secretario de Finanzas, Rodolfo Picazo Molina sostuviera un encuentro con los diputados de Morena para hacer cumplir esa máxima de devolver al pueblo lo robado y que dé alguna manera se entable un juicio para recuperar esa gran extensión que fue escamoteada al patrimonio cultural de los hidalguenses.

Como también sería pertinente que el propio Núñez Soto dé a conocer esa información, al suponer que él nada tuvo que ver. Los rumores del actual propietario son muchos, se incluye a un exgobernador y a dos personas de empresa, que por cierto están en mal momento por supuestos actos de corrupción.

Hace cuatro años, el pueblo hidalguense renovó su esperanza de vivir mejor y le dio al triunfo con su voto a los actuales gobernantes. Qué importante sería que estas autoridades, antes que los consuma el olvido o una cárcel por desvío de recursos públicos, rescaten este patrimonio.

Hay que recordar que la minería solo dejó miles de muertos de hambre o por enfermedad; la riqueza viajó a otras entidades. En un acto de justicia debemos rescatar esta actividad industrial para darle una vocación turística a una ciudad carente de identidad, que llenamos por desgracia con dos pastes y un refresco.

Nimiedades: En extrañas actividades fue video grabado el domingo pasado Luis Ángel Hernández Ríos, aquel personaje recién depuesto como comisionado del ITAIH.