La hermana de la jefa del SAT, Lucía Buenrostro, es una de las funcionarias que está detrás de los recientes recortes en el Banco del Bienestar, los cuales apuntan a una baja de hasta 40 por ciento en el presupuesto de Recursos Humanos contratados por outsourcing.
Buenrostro es la directora General adjunta de Crédito y Garantías del Banco del Bienestar; cercana a la nueva directora de la institución, Diana Álvarez Maury, pero más al coordinador de los programas para el desarrollo del gobierno federal, Gabriel García.
Gabriel García ‘operó’ la licitación y adjudicación de un contrato de 10 mil millones de pesos para la instalación de ocho mil cajeros a una empresa encabezada por Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, el cual, por irregularidades en el proceso, se terminó por cancelar, lo que a su vez detonó la salida de Rabindranath Salazar del banco.
La llegada de Diana Álvarez Maury fue un mensaje del presidente a su exoperador electoral, Gabriel García, a quien le llamó la atención por operar de forma incorrecta la licitación de los cajeros, presumiblemente por corrupción.
Álvarez Maury llegó con las tijeras afiladas para recortar sueldos y personal del banco, en plena crisis económica, de la mano de Lucía Buenrostro, hermana de otra de las funcionarias más cercanas al presidente: Raquel Buenrostro, la implacable fiscal que trae a raya a los empresarios.
La reducción de hasta 40% en el presupuesto del área de Recursos Humanos del Banco del Bienestar que involucra el congelamiento de nuevas contrataciones y paga reducida a los trabajadores.
En un oficio sobre la contratación de personal de outsourcing, Álvarez Maury solicitó que la gente que contrate el banco del 1 de agosto al 31 de octubre “contemple la reducción de 40% del gasto ejercido de enero a julio”, quedando exento el personal foráneo que se haya contratado para la disposición de apoyos de programas sociales.
La directora solicitó a las direcciones adjuntas, administrativas, de contraloría, auditoría y seguridad informática que su planteamiento fuera enviado a más tardar este jueves a mediodía mediante oficio a Luis Antonio Ramírez Hernández, director General adjunto de Administración, y Lorena Palacios, quien no aparece en el directorio oficial del banco.
El último contrato que firmó el Banco de Bienestar para los servicios de outsourcing fue por 464 millones de pesos a la empresa Servicios Empresariales Teram, y tiene una vigencia de 12 meses, del 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Mediante este esquema se han contratado a mil 200 trabajadores.
Álvarez Maury, quien asumió el cargo el 22 de junio en sustitución de Rabindranath Salazar, pidió también que en lo que respecta a los nuevos ingresos y promociones de roles de trabajo, que conllevan el aumento de salarios, “quedan temporalmente suspendidos”.
La firma de este documento se dio 14 días después de que la Secretaría de Hacienda enviara un oficio a las dependencias de gobierno para que los trabajadores de la administración pública en cargos directivos aportaran voluntariamente hasta 25 por ciento de su salario para contribuir a las medidas de austeridad.
En abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría despidos de trabajadores en el gobierno federal por la emergencia sanitaria.
Sin embargo, todo indica que esto no se cumplirá en el Banco del Bienestar, una de las instituciones clave para hacer llegar los recursos de los programas sociales del gobierno federal y para financiar proyectos de infraestructura social.
Mario Maldonado
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