Los que no son escuchados
 
Hace (22) meses
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El 7 de noviembre de 2019 Víctor Manuel Millán Toscano desapareció en Mazatlán, Sinaloa. Había salido de su casa a las 8 de la mañana; llegó a su trabajo 45 minutos después. En su trabajo dijeron más tarde que Víctor Manuel había vuelto a salir rumbo a la oficina de Recursos Humanos, ubicada en otro domicilio, y que ya no regresó.

Han pasado desde entonces 2 años y 6 meses.

Su madre, la doctora Ana Luisa Toscano, especialista en riesgos por cambio climático, realizó la denuncia por desaparición, la cual quedó registrada con el folio 4171/2019.

En la fiscalía del estado no hubo avance alguno. La familia de Víctor Manuel no se dio por vencida. Imprimió carteles y letreros. Los distribuyó por Mazatlán. Hizo campañas en redes sociales con ayuda de amigos y excompañeros de la universidad. Publicó cartas de organizaciones nacionales e internacionales que exigían que el caso fuera esclarecido.

“Hay mucho trabajo y tenemos poco personal”, fue la respuesta de las autoridades.

Desesperada, y al ver que la fiscalía no avanzaba, la doctora Toscano llevó a cabo su propia investigación.

Logró obtener la sábana que contenía la procesión de llamadas desde el celular de su hijo, un documento que la fiscalía pudo haber solicitado, y no lo hizo.

“Con la información que encontré en ese documento hice algunas conjeturas sobre los lugares en que había estado antes de que su celular se apagara”, prosigue la doctora. “Hice incluso mapas de rutas con tiempos de traslado. Pedí ayuda a la Comisión Estatal de Búsqueda para que me acompañaran a recorrer la zona en donde se había registrado la última llamada de mi hijo”.

“Hicimos un recorrido por la zona de Cerritos, que es una parte de Mazatlán en donde hay muchas casas en construcción y muchos desarrollos inmobiliarios que apenas se están levantando. Cuando me metí a esa zona pensé que, si mi hijo estaba ahí, jamás iba a encontrarlo… Y en efecto, no hallamos nada”.

Por intermediación de un amigo, la familia obtuvo la ayuda de un investigador del grupo antisecuestros.

Consiguió los videos del C-4 que se hallaban en la esquina del sitio en donde Víctor Manuel trabajaba. Pudieron ver que ese día llegó a la oficina en transporte público y salió 20 minutos después, “con una expresión corporal de derrota, y con la cabeza baja”.

Estos videos, la información del celular, los mensajes de Facebook (en los que, por ejemplo, el joven le preguntaba a un compañero de trabajo que si estaba enterado “de lo que está pasando aquí”), fueron incorporados a un archivo de 40 hojas que la doctora Toscano entregó a la fiscalía.

No sucedió nada. Ella pasó de sospechar de las autoridades, a llenarse de rabia al descubrir que la suya no era la única familia que había pasado por esa experiencia. Sinaloa se encuentra entre los diez estados con mayor número de desapariciones. “No es solo la desaparición de nuestros hijos, es además la forma en que se atienden nuestros casos, la impotencia de no encontrar respuesta, la frustración de no ser escuchados”.

Le entregó el expediente a Alejandro Encinas, le entregó el expediente a Olga Sánchez Cordero. Pero el olvido fue el siguiente paso.

Un día recibió una llamada. Un mensaje: “Que ya dejara las cosas así”. No tuvo miedo por ella, sino por su familia. Comprendió “que algo está escondido y no se mueve”, que “hay una fuerza más grande que somete a las autoridades”.

“Toda la investigación que hicimos debió quedar en un rincón”, relata. “Incluso, si lees el expediente de mi hijo solo tiene la nota inicial que se escribió tras la denuncia de su desaparición y dos notificaciones de que se le dio lectura delante de la Comisión de Búsqueda. Es todo. Dos años y seis meses después, no hay nada más”.

A pesar del aviso que recibió, no baja los brazos: “No sé si vivo o muerto, pero sé que sabré de él”.

Espero que, con esta nota, muchos otros la acompañemos en su lucha.

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