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A criterio deColumnasHéctor de Mauleón

Los abandonados


Isidro H. 60 años. Ocupación: albañil. En febrero del año pasado sufrió una pérdida anormal de peso. Vinieron vómitos, mareos, una descompensación general. Fue atendido en un centro de salud. El diagnóstico fue posible tumoración en el riñón izquierdo y en el lóbulo hepático izquierdo.

Se le envió al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ahí el diagnóstico se confirmó. Los tumores tenían características malignas.

El Salvador Zubirán fue convertido al poco tiempo en un hospital Covid. Comenzaba la emergencia que el presidente de México creía que iba a terminar en abril, según dejó ver en una de sus “mañaneras”. Isidro H fue una de esas miles de personas que de la noche a la mañana se quedaron aferrados con las uñas al borde de un amargo precipicio. Le entregaron una hoja de referencia: “Debido a la situación actual de contingencia institucional por Covid-19 no se cuenta con capacidad para realizar biopsia de tumoración renal de manera segura, ni para ofrecer tratamiento oncológico subsecuente…”.

Fue referido al Instituto Nacional de Cancerología, Incan. En la especialidad de Gastroenterología le informaron que se trataba de un cáncer agresivo y que requería cirugía. Sin recibir tratamiento médico de ningún tipo, y con una crisis de salud que ya no le permitía tenerse en pie, ni probar ni retener alimento a consecuencia de los dolores que sentía, Isidro H perdió el conocimiento. El 25 de junio, sus familiares lo llevaron a Urgencias del Incan. “En dicha institución únicamente me pusieron suero y me dieron un medicamento para las náuseas”, relata. Le indicaron que de momento no podían hacer más “debido a la contingencia sanitaria que presenta el país”.

En total, pasaron cinco meses sin que él recibiera ningún tipo de tratamiento. En ese tiempo bajó 30 kilos. Su salud se fue menoscabando al punto de que necesitaba ayuda para ponerse en pie o para ir al baño. Perdió el trabajo y se fue quemando los ahorros que había logrado a lo largo de su vida.

Tramitó un juicio de amparo y la sentencia resolvió que la Secretaría de Salud, el Insabi y el Incan debían otorgar a Isidro la atención médica necesaria. El Incan y el Insabi se inconformaron contra la sentencia, a la que declararon “excesiva e incongruente”.

El Incan manifestó que algunas de las enfermedades que Isidro padecía —obesidad, diabetes, dislipidemia, etcétera— “se derivaban de sus malos hábitos alimenticios” y eran “responsabilidad del paciente y no del Instituto”.

El Insabi declaró que no había recibido recursos del gobierno de la ciudad (según acuerdo firmado en febrero de 2020) para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud).

Isidro siguió sin recibir ningún tipo de medicamento oncológico. La operación al fin se llevó a cabo. Dice su hija que para darlo de alta les cobraron 37 mil pesos.

Hace unos días, un año después de la primera consulta, a Isidro le dijeron que el mal estaba muy extendido y que ya era imposible someterlo a un tratamiento de quimioterapia. Le recetaron un medicamento, “Nexavar”. Su costo es de 73 mil pesos.

“Me siento abandonado, humillado. Fui beneficiario del Seguro Popular con una vigencia del 3 de agosto de 2018 al 2 de agosto de 2021. Y ahora el Insabi me niega el beneficio de gratuidad. Ya no tengo dinero. No puedo trabajar. Me mareo, me he caído tres veces. Mi cerebro está dando vueltas. Muchas noches no duermo, me la paso llorando. Es un infierno, un infierno, pero hay que pasarlo”, dice Isidro.

Un médico le dijo, por todo consuelo: “Le tocó, señor, la enfermedad y lo del Covid”.

“Yo ya solo estoy a lo que Dios diga”, agrega Isidro.

Todavía no se sabe cuántas decenas de miles de mexicanos están o estuvieron así, exactamente así.

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