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La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que resolvió, por unanimidad, los amparos en revisión que promovieron cuatro inculpados del caso Ayotzinapa es, simple y sencillamente, extraordinaria. Para muchos, como quien esto escribe, se trata de un vuelco histórico positivo que trasciende, por mucho, a la situación de los cuatro amparados y al propio caso Ayotzinapa. Para muchos otros es un escándalo y una extralimitación de los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo Espinoza que suscriben la sentencia de más de 700 hojas. En lo que sí hay coincidencia es en que se trata de una sentencia histórica y un punto de quiebre en la historia de la justicia mexicana. A tres semanas de las elecciones, el caso de los 43 estudiantes ha dado un vuelco de proporciones insospechadas. No solo se ordena reponer el procedimiento, sino que determina que –a reserva de que se practiquen peritajes independientes que cumplan con el protocolo de Estambul– “…hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los coinculpados fueron obtenidas bajo tortura”, cosa que ya se sabía, nada más que ahora se trata de una sentencia judicial sobre la cual ya no hay recurso que valga. La nota informativa publicada por el Poder Judicial de la Federación reproduce los graves señalamientos que los tres magistrados hacen a la investigación de la PGR: “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. No cumplió con la jurisprudencia y protocolos de la Corte Interamericana y Naciones Unidas y –ojo– dado que “…se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno” y aunado a que en México “no se cuenta con una Fiscalía Independiente”, luego entonces se ordena crear algo insólito en México: una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa que no se parece a las Comisiones de la Verdad que se han creado en diferentes partes del mundo. Esta Comisión de Investigación para la Verdad parece aún más sui géneris de lo que, de por sí, son las Comisiones de la Verdad, creadas como mecanismos extraordinarios cuando los grados de violaciones a derechos humanos, crí- menes e impunidad rebasan los límites, capacidades e involucramiento de autoridades y/o gobiernos. Lo que ordena el Tribunal no solo involucra –como es obligado– a las víctimas del suceso sino que las coloca a través de sus representantes como parte formal de las tareas del Ministerio Público, que queda obligado no solo a compartir sus tareas, sino que queda relegado a lo que determinen dichos representantes; la CNDH –que parece aún no salir de su sorpresa– y eventualmente organizaciones tanto nacionales e internacionales de derechos humanos. La orden de los magistrados cambia radicalmente la ecuación y ordena que sean los representantes de las víctimas y la CNDH, y no el MP, quienes determinen qué líneas de investigación seguirán y hasta qué pruebas son las que se van a desahogar. El Ministerio Público podrá “proponer”, pero la determinación de la materia de investigación, ni más ni menos, correrá a cargo de víctimas, CNDH y organismos nacionales o internacionales que –sin asomo de duda– serán convocados por lo menos por la representación de las víctimas. De inmediato aparecieron los nombres de Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain, Alejandro Valencia y Francisco Cox como los indicados para incorporarse a una tarea en la que ya han estado involucrados con su participación en el GIEI, pero ahora de una manera totalmente diferente. La Comisión que ordena el Tribual parece estar hecha ex profeso para que figuras de esta talla regresen a México y tomen el control de las investigaciones junto a quienes han representado a las víctimas. Claramente esto dará un vuelco a la historia. Es evidente que algo está pasando en México, empujado desde los circuitos internacionales. En la misma semana en que se dio a conocer la sentencia del Tribunal en Tamaulipas se presentó también el primer informe del mecanismo de seguimiento del caso patrocinado por la CIDH y días antes se dio a conocer el informe del Alto Comisionado sobre la tortura en el caso Ayotzinapa, además del informe sobre las gravísimas desapariciones en Nuevo Laredo de este año –que puso a girar a medio gabinete–. Todo en una misma quincena. El gobierno de la República ya no ve lo duro sino lo tupido. No hay vuelta de hoja. Estamos, apenas, en el inicio del fin de quien gobernó México de la manera en que lo hizo Enrique Peña Nieto.

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