El sábado 25 de enero, tres meses después de que fallara estruendosa y violentamente el operativo para detener a Ovidio Guzmán, se casó en la Catedral de Culiacán la hija del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo.

Como se sabe, se trató de una boda opulenta. Se cerraron avenidas principales, se tendió una cinta amarilla alrededor del templo (contenía la leyenda: “Prohibido el paso”), hubo valet parkings encargados de recibir las camionetas blindadas y los autos lujosos que se aproximaban a las escalinatas del templo.

La noticia corrió por Culiacán. Alejandrina Guzmán, hija del Chapo y hermana de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, herederos del cártel de Sinaloa, había contraído matrimonio con Edgar Cázares, sobrino de la llamada Emperatriz del Narco, encargada de la red de lavado de dinero de esa organización criminal.

La fiesta duró más de 12 horas y se llevó a cabo en el lujoso salón de fiestas Álamo Grande. El gobierno local dijo que desconocía que esa boda hubiese tenido lugar. El presidente de la República dijo más o menos lo mismo: que él no tenía información.

Todo se supo por las “benditas redes sociales”: fotografías y videos que los invitados a la boda, así como gente que estuvo en los alrededores de la Catedral aquel sábado, pusieron en circulación.

A principios de 2018 la Policía Federal comenzó el seguimiento de un número telefónico que se creyó asociado al círculo más cercano de otro de los jefes del cártel, Ismael El Mayo Zambada. Aquel número se activaba en Culiacán, se apagaba durante semanas, volvía a “brincar” en algún lugar de la sierra, y aparecía más tarde en los alrededores de cualquier ciudad.

Los federales supieron que se trataba del número de un “mensajero”: alguien que se movía en el primer nivel del grupo. Según un reporte consultado por el columnista, un grupo de agentes fue comisionado para infiltrarse en los lugares donde el teléfono había mostrado actividad.

Un agente que andaba tras la pista del “mensajero” detectó de pronto un movimiento importante de vehículos. Alguien, en sus desplazamientos por Culiacán, era escoltado por un convoy de camionetas blindadas, e incluso por motocicletas. El agente creyó que había dado con El Mayo.

En el último trimestre de 2018, los trabajos de inteligencia llevaron a los federales hasta un inmueble ubicado en las afueras de Culiacán, en el camino al aeropuerto. Al hacer el seguimiento, los agentes constataron que el personaje principal de aquel convoy gozaba del apoyo total de policías estatales y municipales.

Se adoptó la decisión de entrar por el personaje y llevarlo al aeropuerto a bordo de un helicóptero artillado. Un día antes del operativo, planeado para el último domingo de octubre, personal de la zona militar y policías estatales irrumpieron en este, a fin de realizar su propio cateo. Informaron que el domicilio se hallaba vacío.

Quedaban restos de comida, alguna ropa y algunas armas. Había también “medicamentos, jeringas, aparatos para dializar”. Según el reporte que presentaron los federales, la evidencia indicaba que quien había ocupado aquel inmueble no era El Mayo Zambada, sino Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero había sido excarcelado en 2013, gracias a una argucia legal, luego de cumplir 28 años —de una condena de 40— por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Sus propiedades y sus negocios crecieron significativamente en ese tiempo.

En abril de 2018 el FBI lo incluyó entre los 10 fugitivos más buscados. Se sabía que andaba en chozas de la sierra, enfermo y viviendo a salto de mata.

Caro, sin embargo, bajaba de la sierra y se movía con impunidad total en la misma ciudad en la que un año más tarde fue liberado Ovidio Guzmán. La misma donde se celebró esa boda rumbosa que no registró ninguno de los cuerpos de seguridad del gobierno de AMLO.