Antes de que terminara el año, colectivos formados por familiares de desaparecidos llegaron a la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Tenían en las manos un reporte que indicaba que en un predio de la calle Leona Vicario, en las faldas del Cerro del Toro, “probablemente hubiera una fosa clandestina”.
Al final de esa calle, ya en la cuesta del cerro, hallaron una construcción abandonada, semidestruida.
Comenzaron a picar la tierra. Para el 8 de diciembre habían localizado 14 fosas y 35 bolsas con restos humanos. Dichos restos se hallaban semienterrados a menos de 50 centímetros de profundidad. No había manera de determinar ni el sexo ni la edad de las personas que habían sido desmembradas e inhumadas ahí —aunque dos jóvenes que habían sido reportadas desaparecidas fueron reconocidas por sus tatuajes.
El 21 de diciembre un horror había sido exhumado: 38 fosas, 104 bolsas, 15 cuerpos completos. Apenas 45 días antes, grupos de búsqueda habían hallado detrás del rastro municipal de Salvatierra, en un lugar conocido como el Rancho San Juan, 59 cuerpos a flor de suelo: el narcocementerio más grande del estado.
Al igual que en Salvatierra, en Acámbaro había señales, desde hacía mucho tiempo, de lo que estaba ocurriendo. Señales que nadie atendió. A fines de 2019 este municipio ubicado al sur del estado fue señalado como el más peligroso de México, con una tasa de 95 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. La violencia había crecido a tal punto que el municipio se quedó sin director de Seguridad Pública.
Había un rosario de hechos de sangre que comenzó el 11 de julio de ese año con el ataque, a la medianoche, de la casa del entonces comisario de seguridad, Jaime Nicasio Valdés.
Esa noche, un comando llegó al domicilio del funcionario, para ejecutarlo. A las puertas de la casa se hallaba su escolta, el oficial José Miguel Sandoval Sosa. Logró impedir que los sicarios entraran, pero perdió la vida en el tiroteo.
A raíz de este asesinato, 90 elementos de la fuerza operativa municipal se declararon en paro. Exigieron la remoción de Jaime Nicasio, a quien acusaron de tener compromisos con grupos criminales y de abandonarlos a su suerte.
El alcalde de Acámbaro, el morenista Alejandro Tirado Zúñiga, removió al funcionario y nombró en su lugar a Pedro Gutiérrez Ávila, a quien se había detenido ocho años antes por presuntos nexos con el narcotráfico. El escándalo provocó el cese de Gutiérrez antes de que cumpliera 24 horas como director interino. Se nombró en su lugar al comandante Alejandro Rangel. Rangel duró cuatro días.
El 22 de julio de 2019 un grupo armado lo alcanzó en una avenida y lo acribilló, al lado de su hija de 18 años. El alcalde Tirado atribuyó los hechos a “la descomposición social” y dejó como encargado del despacho a Jorge Valtierra Herrera.
Cinco meses más tarde, el 12 de diciembre, Valtierra salió de su domicilio en la colonia Los Malayas, acompañado por sus escoltas. Eran las 7 de la mañana.
Ya lo estaban esperando los ocupantes de una Honda CRV de color gris. Los escoltas del director de seguridad contestaron el ataque y lograron herir a algunos de los agresores. Pero Valtierra recibió varios tiros en el cuerpo, y uno en la cabeza. Fue conducido a un hospital: perdió la vida a los pocos minutos de entrar a Urgencias.
En vista de la crisis de violencia desatada que el municipio estaba atravesando, la Federación propuso al alcalde que un representante de la Guardia Nacional se hiciera cargo de la seguridad pública. El morenista se negó, argumentando que “el ayuntamiento no se lo quiso aprobar”.
Ese año habían ocurrido en Acámbaro más de un centenar de homicidios dolosos. Había reportes constantes de personas desaparecidas. Historias de “halconeo”, de gritos en la noche, de movimientos sospechosos sobre Leona Vicario, hacia el Cerro del Toro.
Los colectivos de buscadores encontraron en solo 15 días lo que nadie había querido ver en años. Solicitaron, por cierto, que ni la policía ni el gobierno municipal tomaran parte en las tareas de búsqueda: que quedaran al margen de todo, en defensa de su seguridad.
