Esta vez fueron cuatro policías estatales de Zacatecas. Se encontraban en su día de descanso, a bordo de un vehículo estacionado a unos metros, a solo unos metros, del C-5. Ahí fueron a acribillarlos y el tableteo de las armas hizo estallar el pánico en un campo de futbol infantil cercano.

En videos tomados por asistentes al deportivo Benito Juárez se ve a los jugadores tendidos en el pasto y se escucha el tiroteo, el llanto de los niños, las voces que los llaman a conservar la calma: “¡No se paren, no se paren, tranquilos!”.

Solo una masacre más en el estado con la tasa más alta de homicidios del país. Una masacre más, y no sucede nada.

No hay explicaciones de las autoridades; tampoco, responsables detenidos. Solo hay el llanto y el miedo que corren por un estado que se halla en una situación límite, y en donde cunden las masacres, las ejecuciones, los cuerpos colgados en los puentes, los cadáveres tirados en las carreteras, las camionetas perforadas por las balas de alto poder, los autos calcinados, y los pueblos fantasma.

Solo el 14 de septiembre pasado las autoridades de Zacatecas encontraron los cuerpos de 31 personas ejecutadas.

El 27 de septiembre nueve cadáveres aparecieron regados en el municipio de Pinos. Unos días antes de este suceso –el 5 de septiembre– se contabilizaron, a lo largo de cuatro municipios, 14 ejecuciones en menos de 24 horas. Ese día, por cierto, un policía de investigación fue asesinado, al lado de otras dos personas, frente a una carnicería: desconocidos que lo estaban aguardando le abrieron fuego a bocajarro.

Zacatecas registró en 2020 mil 65 homicidios. Ese año inició propiamente la cadena de masacres que hoy tiene sumergido al estado en una ola de violencia inédita: los cuerpos de 15 personas fueron hallados envueltos en cobijas, que estaban envueltas a su vez en tela adhesiva, en una carretera de Fresnillo. Por medio de una cartulina, el Cártel de Sinaloa se acreditó la autoría de aquella masacre.

En los últimos días se ha documentado la tragedia que se vive en los pueblos y las comunidades de Jerez.

Casas cerradas, fachadas acribilladas, animales muertos en las calles. En Ermita de los Correa, por ejemplo, el 90 por ciento de la gente huyó.

En Guadalupe y Fresnillo las cosas no son distintas. Este último municipio, gobernado por el reelecto Saúl Monreal Ávila, posee la mayor percepción de inseguridad en el país: por segundo trimestre consecutivo, el 95% de sus habitantes confesaron sentirse inseguros en esa ciudad. La violencia en Fresnillo escaló 52% en julio de 2021 en relación con el mismo mes del año pasado.

En septiembre, el alcalde recién reelecto acababa de tomarse una foto, inaugurando la pavimentación de una calle, con su hermano, el nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Solo unos días más tardes aparecieron en Fresnillo, la ciudad más peligrosa para vivir en México, dos hieleras con restos humanos. En una estaba la cabeza, en la otra el resto del cuerpo.

Tampoco ocurrió nada. No hubo explicaciones, ni responsables detenidos.

Como ha señalado The New York Times, los asesinatos en México han caído menos de 1% desde que López Obrador tomó posesión como presidente. El mandatario insiste, sin embargo, en que hay una mejoría y en que “hay paz y tranquilidad en el país”. En febrero pasado López Obrador inauguró en la entidad un cuartel de la Guardia Nacional y anunció el despliegue de mil 800 efectivos. Siete meses más tarde, la entidad alcanza ya mil 32 asesinados (el año anterior se registraron mil 65).

La intensidad de la violencia en Zacatecas es excepcional. En el país de “la paz y la tranquilidad”, se ha convertido en una más de las cruentas zonas de guerra.