Protestar por estar en contra de lo que sucede, de lo que se vive, de lo que se enfrenta, es uno de los recursos democráticos más usados en nuestro país y en el mundo, protestar significa estar en libertad de decir lo que se piensa y actuar en consecuencia. Sin embargo, ¿debe ser así? ¿Se puede jactar un país de que no reprime las protestas y por ello reclamarse democrático?

En México, protestar implica enfrentar a un gobierno dispuesto a no reprimir, y entonces salimos a la calle llenos de rabia y de algarabía a demostrar que podemos decir las cosas que pensamos y las cosas que nos molestan, seguros de que el ejercicio de nuestra protesta, nos permite ir más allá de lo que antes podíamos, pero… ¿Si vamos más allá o sentimos que vamos más allá?

Hay que reflexionar sobre el hecho mismo, nos decimos: “podemos salir a la calle seguros de que no vamos a ser reprimidos en nuestra protesta”, “nuestro presidente escucha y es respetuoso de nuestro derecho a protestar, a disentir” ¿Para eso transformamos el gobierno? ¿Basta con que no nos repriman? ¿No era lo más importante resolver los asuntos pendientes? ¿desde cuándo es obligatorio protestar para que el gobierno actúe y resuelva los problemas?

Para nosotros, la protesta está protegida por los derechos de libre expresión y por el derecho a reunirnos y participar en los asuntos de la república. Es un derecho consagrado en la constitución, eso lo sabe, sin lugar a dudas quienes ejercen el poder y deciden que hacer frente a las protestas sociales.

Por otro lado, los mismos derechos se encuentran consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 19 y 21. Ahí se asegura que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.

En el caso de la Convención americana, se establece el hecho de que la manifestación de las ideas, esto incluye las protestas, no podrá ser restringida por abuso de los medios de controles oficiales de tal manera que se impida la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Hemos defendido la protesta como el derecho que tenemos para salir y defender los otros derechos, los derechos consagrados en la Constitución, los derechos a los que el Estado Mexicano se ha comprometido a respetar en los convenios internacionales, lo hemos hecho en el marco del abuso del poder y la protección de intereses mezquinos, ajenos a los intereses del país.

Representa, sin lugar a dudas, que la continuidad de un proceso puede verse afectada por la generación de una crisis, la cual amenaza la estabilidad y crea una situación de incertidumbre. Hecho que bastaría para alterar el escenario en el que se desenvuelve el poder mexicano. Pero no es así, el presidente no suspende sus conferencias de prensa, sus recorridos en aviones comerciales, sus apariciones en hospitales rurales, en fin, las protestas se multiplican, pero el presidente, sigue adelante.

Se podrá decir que él trabaja en resolver las demandas de la sociedad, sin embargo, las demandas de la sociedad no han sido verdaderamente tema de su trabajo, por el contrario, es fácil que llame “fifí” o “conservador” a quien manifieste ideas contrarias a la suya, y reconoce el derecho de todo mundo a protestar.

Protestamos porque es nuestro derecho, protestan porque están hartos de la situación que viven o enfrentan; protestamos porque hacerlo nos hace ser más libres; protestamos porque anhelamos ver que las cosas cambian y a pesar de ello, las cosas siguen igual, pareciera que repetimos la vieja conseja: “Cambiar todo para que nada cambie”

En ocasiones, es importante recordar que la protesta como recurso democrático se puede volver un bono a favor del gobernante y una burla para el que demanda y exige solución a los problemas. Y, en el caso del presidente de México, la protesta social se volvió eso, un bono democrático que presume de manera cotidiana, aun cuando la solución de los problemas no llega. Vemos el país lleno de protestas, de gente alegre caminando las calles y diciendo que es bueno protestar.

La protesta en un gobierno verdaderamente democrático, no debería existir, es un recurso del que no debería echarse mano, a menos que el totalitarismo no dejara otro camino. El presidente debería ser más sensible y menos presuntuoso, mas encaminado a lograr que la protesta desapareciera del país y las soluciones fueran el trabajo cotidiano de su administración.

En nuestro país, desde una perspectiva de la realidad social, económica y política, la protesta es un derecho de los y las ciudadanas, pero, sobre todo, es la oportunidad de un gobierno de llamarse democrático, sin siquiera tener que parecerlo.