Esta zorra va a pagar por los destrozos que hicieron”. “Tú también estabas, pinche perra, vas a ver cómo te va a ir ahorita”. “Por eso les pasa lo que les pasa, después por qué las violan… primero están aquí haciendo esto y después vienen a quejarse de que las violaron”.

“Si no te callas te voy a partir la madre”. “¿Querías tu desmadrito? Ahí está”. “A esta de verde sepárenmela, porque me la voy a chingar”. “¿Ahora quién chingados te va a ayudar? ¿Quién te va a venir a cuidar?”. “Qué bueno, pinches revoltosas”.

Todas estas frases de indecible violencia forman parte del catálogo de vulneraciones a los derechos humanos que sufrieron en México las mujeres que a lo largo de 2020 tomaron las calles para visibilizar la violencia de género contra mujeres y niñas.

Amnistía Internacional monitoreó las marchas realizadas el año pasado por grupos de mujeres y organizaciones feministas en diversos puntos del país.

Los resultados del informe “México: la era de las mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan”, son absolutamente desoladores.

El feminicidio no deja de crecer en el país (411 casos en 2015; 940 en 2019), y sin embargo, las mujeres que salieron a la calle para protestar solo hallaron, por parte de autoridades y cuerpos de seguridad, golpes, amenazas, detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes, uso innecesario e inmoderado de la fuerza, amenazas de violación, amenazas de desnudez forzosa, intimidación sexual, acoso sexual e incluso violación.

Según se expone en el informe, las autoridades policiales, contrariamente a sus obligaciones internacionales en materia de uso de la fuerza y armas de fuego, usaron indebidamente técnicas como el encapsulamiento para acordonar manifestantes en la Ciudad de México, lo que resultó en una vulneración de los derechos humanos de quienes solo se expresaban pacíficamente.

El documento recuerda cómo una manifestación fue dispersada a tiros en Cancún, dejando personas heridas; cómo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México consideró como miembros de una “provocación” a las integrantes de una marcha (englobando incluso a quienes no habían participado en rotura de vidrios ni ataques a monumentos), y cómo el secretario de Seguridad de Guanajuato dijo que las ciudades no podían convertirse en un “manifestódromo violento”.

Expresiones generalizadoras estigmatizaron y criminalizaron, ayudaron a la creación de estereotipos que solo demediaron la imagen de las mujeres, así como una lucha legítima.

La ONU considera que una reunión es pacífica a menos de que en esta se use fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes.

Pintar, consignar, intervenir monumentos o romper cristales, “está protegido por el derecho de libertad a la reunión pacífica y por la libertad de expresión”.

En México las mujeres fueron perseguidas por marchar de negro o por cubrirse el rostro, lo que hizo que de inmediato se les considerara sospechosas de cometer o estar a punto de cometer un delito.

Explica el documento que cubrirse el rostro es una forma de contrarrestar represalias en el contexto de las nuevas tecnologías de vigilancia, evitar futuros abusos policiales e impedir que el rostro de las personas circule en redes sociales o medios –desatando linchamientos.

Entre los cuerpos de seguridad privó en cambio la idea de que las mujeres se cubrían la cara “porque iban a hacer algo”.

La ola de estigmatización contra las mujeres que se manifiestan, se lee en el informe, es otra forma de hacer cotidianas las violencias que sufren. Convendría leer detenidamente el informe de Amnistía Internacional: sensibilizarse, antes de comenzar a vociferar por la manera en que las organizaciones feministas y los grupos de mujeres han elegido para visibilizar el infierno que México les depara.