El 29 de febrero de 2020, el señor Javier Barajas denunció la desaparición de su hija, la maestra María Guadalupe Barajas Piña, maestra de primaria de 30 años de edad a quien se conocía como “la maestra Lupita”.
La maestra le había avisado a su padre que iba a ir al centro de Irapuato “a unos mandados”. No volvió a saberse de ella.

“Su teléfono manda a buzón”, declaró él.

Un familiar informó a las autoridades que la maestra se había quedado de ver con una persona “de nombre Ulises”, oriundo de Salvatierra. Comenzó la búsqueda según los protocolos de localización de desaparecidos.
Agentes de la fiscalía del estado determinaron que la maestra fue vista por personal de la papelería Palmerín, mientras caminaba por la zona centro “a las 10:30 aproximadamente”. Levantaron informes que indicaban que el propio Ulises hacía comentarios “como si trabajara para algún cártel”.

Los encargados del caso obtuvieron las “sábanas” telefónicas de la maestra desaparecida y de Ulises —cuyos apellidos eran Blanco Ledesma.

La información remitida por la compañía telefónica indicó que el teléfono de Ulises había tenido la última actividad el 29 de febrero de 2020 a las 20:26, en la calle Guillermo Prieto de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. Se determinó también que la maestra Lupita había llamado a ese número 116 veces “en el lapso en que fue remitida la ‘sábana’”.

Pasaron los días y ocurrió algo emocionalmente tremendo: se recabaron muestras de ADN entre los familiares de la maestra Lupita. Comenzó un periodo de espera, de angustia, de falta de respuestas, de silencio: la historia de muchas familias de México y de Guanajuato. Llamadas a mitad de la noche que hacían delincuentes y oportunistas miserables.

A principios de noviembre del año pasado consigné aquí el hallazgo, en Salvatierra, del mayor narcocementerio hallado hasta hoy en Guanajuato. Había ahí una nueva historia de horror.

Organizaciones que buscan desaparecidos habían recibido información, de miembros de la delincuencia organizada que intentaban obtener “beneficios”, de que en un predio ubicado a espaldas del rastro municipal, conocido como Rancho Nuevo, un grupo delictivo, el Cártel de Santa Rosa de Lima —que libra en el estado una guerra a muerte con el Jalisco Nueva Generación— había enterrado personas en fosas clandestinas.

La gente de Salvatierra había vivido la ejecución de tres altos funcionarios municipales en una calle céntrica, reportaba en redes sociales noches llenas de gritos, tiroteos, persecuciones, movimiento de convoyes.

Desde 2015 el municipio se había convertido en uno de los más violentos de México, con el mayor número de homicidios. En 2019 la escalada era imparable.

En el narcocementerio de Salvatierra, ubicado en el barrio de San Juan, fueron halladas más de 70 personas inhumadas en fosas clandestinas. Salieron zapatos, collares, pulseras, zapatos, ropa, cuerpos de jóvenes y adolescentes.

Entre 10 y 15 cadáveres correspondían a mujeres.

La organización Desaparecidos Guanajuato confirmó que uno de esos cuerpos era precisamente el de la maestra.

La fiscalía del estado anunció que otro de los cadáveres correspondía al de Ulises Blanco Ledesma, la persona a la que ella había ido a ver.

Atroz radiografía de un país en el que “ya” llegó el cambio. Un país en el que nada es como en “el periodo neoliberal”. Un país en el que hay un presidente que todos los días habla de sí mismo y de sus triunfos, pero en el que uno sale de su casa y nunca puede estar seguro de que volverá.

Un país en el que se perdió la maestra Lupita.