Como toda República, México a través de su vida pública, ha experimentado momentos sociales y políticos álgidos, en los cuales pareciera que la polarización de la opinión pública resulta una práctica común a partir de la cual sus instituciones transitan inexorablemente. Spoiler alert: no dura para siempre.
Estamos en la antesala de cumplir 200 años como República, claro que en estos dos siglos hemos vivido todo tipo de cuestiones; podríamos decir que la amenaza más importante que ha sufrido nuestra forma de gobierno fue, sin duda, durante el periodo en el que Maximiliano vino a México (1863-1867) y en el cual Juárez no dejó de luchar y enarbolar los principios y valores republicanos que a la postre resultaron airosos, y el archiduque austriaco fusilado. Así, en todos los escenarios de coyuntura política, nuestra patria ha vivido momentos de polarización social y negar que hoy vivimos en un claro ejemplo de eso es casi imposible.
Pero analizando qué ha mantenido fuerte a nuestra República con sus altos y bajos durante sus mayores retos, especialmente en el último siglo, en el que digamos que las armas no han sido las protagonistas de los cambios, emerge el gran común denominador: las instituciones. Son estas las que, en al menos la mitad de la vida de nuestra República, han soportado los embates y riesgos que suponen la vida política e ideológica de una sociedad tan dinámica e intensa como la mexicana.
Ahora, si son las instituciones el fiel de la balanza del éxito republicano mexicano, al menos en los tiempos recientes, ¿cómo es que estas han logrado tan valiosa hazaña? Me parece que podríamos decir que lo han logrado a través del ejercicio del poder; esa facultad soberana que les otorga la Constitución para lograr los fines para los que fueron creadas. Por eso, en una democracia, la legitimación del poder es un aspecto fundamental para asegurar la gobernabilidad y la estabilidad política.
La legitimidad, para este contexto, puede ser entendida como la aceptación y el reconocimiento del poder por parte de la ciudadanía y en el caso mexicano se basa en un sistema constitucional de pesos y contrapesos que garantiza la separación y el equilibrio de los Poderes de la Unión.
Sin embargo, en los últimos días, la opinión pública ha relatado expresiones políticas que parecieran señalar que la única fuente de real legitimidad soberana del poder público proviene de las urnas; con esto, pareciera que se intenta decir que los poderes emanados del voto directo poseen una mayor legitimidad que el de aquellas instituciones de las que su poder no proviene del voto popular directo, como por ejemplo, el Poder Judicial o los órganos constitucionalmente autónomos del Estado.
Entonces, ¿es el voto directo la única fuente soberana para ejercer el poder del Estado? La respuesta por fortuna es sencilla: no.
Si bien la legitimidad del poder proveniente del voto directo es uno de los pilares de la democracia mexicana, pues supone un mandato directo y soberano de la ciudadanía, también la democracia descansa en la legitimidad constitucional que tiene el poder de las personas integrantes de los Poderes Judiciales de la Federación y de los Estados, así como de las instituciones autónomas, ya que esa legitimidad proviene de su capacidad de interpretar, aplicar y proteger la Constitución para defender y garantizar los derechos fundamentales, sus principios y, por consecuencia, los intereses de la población.
Por eso, en nuestro país la legitimidad proviene de diversas fuentes y no debe estar sujeta a una categorización.
En una República democrática, ninguna persona es dueña de la verdad, por eso el sistema de pesos y contrapesos permite que el ejercicio del poder público produzca seguridad jurídica y protección para todas las personas, incluidas las mayorías y las minorías. Que así siga siendo.
