Todos los funcionarios en este país tienen que cumplir con una serie de obligaciones, deberes y prohibiciones al hacer su trabajo. Cuando no lo hacen, se origina una falta administrativa que tiene que ser investigada y, de acuerdo con su gravedad, sancionada. Si esto no ocurre, caemos en lo que se denomina impunidad administrativa. Es importante analizar este fenómeno dado que el sistema de responsabilidades administrativas permite identificar, desincentivar y corregir conductas irregulares e indebidas de los servidores públicos. Esto permitiría tener una mejor administración pública y cerrarle el paso a la corrupción.

Aunque este es un tema de la mayor importancia para el combate a la corrupción y para mejorar la calidad del servicio público en México, la mayoría de las personas desconoce este sistema y cómo funciona. De hecho, cuando hablamos de impunidad en actos de corrupción las personas suelen asumir que estos hechos tienen que ser sancionados con cárcel, lo cual es falso y contraproducente, pues produce expectativas irrealizables del sistema penal. Al hablar con fiscales anticorrupción del país, nos han dicho que un gran pendiente del tema de combate a la corrupción es explicar a las personas la diferencia entre faltas administrativas y delitos. Esta falta de claridad provoca que las personas que reportan actos de corrupción en las fiscalías pierdan confianza en estas instituciones, ya que muchas veces sus asuntos tienen que ser turnados a los órganos que revisan faltas administrativas.

¿Y cómo está el fenómeno de impunidad administrativa en el país? Para poder responder esta pregunta Impunidad Cero y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey nos dimos a la tarea de realizar solicitudes de información a autoridades del poder ejecutivo, legislativo, judicial y a las fiscalías tanto a nivel estatal como federal del país. En total se pidió a 132 instituciones que respondieran 21 preguntas sobre el funcionamiento del sistema de responsabilidades administrativas. El resultado fue ambivalente. Tan sólo el 45% de las preguntas realizadas se respondieron completamente, lo que nos dejó vacíos importantes en la información analizada que impidieron comprender el fenómeno a cabalidad. De los datos recabados pudimos obtener que la impunidad administrativa a nivel federal de 2014 a 2019 fue de 100% para la FGR; de 80.77% para el ejecutivo federal; de 52.83% para el legislativo; y de 14.56% para el poder judicial.
Cuando se analizan las principales causas para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudimos identificar que para el poder ejecutivo fueron las irregularidades en la contratación pública; para el poder legislativo el incumplimiento en la declaración patrimonial; para el poder judicial la demora en el cumplimiento de funciones; y para las fiscalías la prestación deficiente de servicio público. Además, con la información recabada pudimos identificar las sanciones más comunes ante las faltas administrativas: la suspensión (26.2%), la inhabilitación (22.5%), las amonestaciones privadas (21.6%), las amonestaciones públicas (19.7%) y las sanciones económicas (6.6%).

Una de las conclusiones del estudio “La impunidad administrativa en México” elaborado por el abogado, Darío Ángeles, es que las autoridades no generan o no proporcionan la información necesaria para identificar las fallas en este sistema, que, por los niveles de impunidad identificados, son muchas. La falta de homologación y de información de los procesos de responsabilidad administrativa, implica que las autoridades están usando este sistema a discrecionalidad, muchas veces como herramienta de castigo político en lugar de como elemento de mejora para el funcionamiento de la administración pública. El reto no es menor. Si realmente queremos combatir la corrupción en nuestro país tenemos que entrarle al tema de la impunidad administrativa.