En su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó de manera categórica: “Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente, como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos y, lo más interesante, ni lo demandaron los seudo ecologistas que tanto nos atacan”.

Es claro, desde esta perspectiva, que en el país existen movimientos ecologistas que responden a intereses ajenos a la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales. Es claro que, desde la perspectiva del presidente, que los grupos ecologistas solo se han creado para atacar y denostar su trabajo.

Sin más y sin miramientos, ha dejado claro que los ambientalistas son simuladores y falseadores de una lucha.

La generalización no debería ser la regla. La denostación como práctica de informe y rendición de cuentas, no debería existir.

Pero para el presidente de la República, es claro que aquel que no está con él está en su contra y es su adversario. A pesar de cada día defiende el derecho a disentir y a opinar diferente. De una forma artera, descalifica a los ecologistas mexicanos y los lleva al límite al declararlos falsos.

Decir que los ecologistas no han demandado de los gobiernos anteriores acciones que permitan una mejor calidad de vida y conservación de los recursos es equiparable a decir que sus denuncias de fraude electoral en las anteriores elecciones presidenciales fueron fútiles y falsas, toda vez que nunca se le otorgó el triunfo.

Debería reconocer a grupos comunitarios, a esas pequeñas asociaciones que frente a las grandes empresas mineras demandaron de los gobiernos anteriores acciones concretas, pertinentes en torno a las concesiones otorgadas a las grandes empresas mineras trasnacionales.
Reconocer solo a los movimientos que le resultan agradables y dignos no es ser demócrata, es ser democratista. Actuar en función de quienes se identifican con el movimiento de 4T es ser sectario.

Asegura que hay convicción en la defensa del medio ambiente, pero no ha influido ni ha actuado para que se reforme el artículo 6 de la Ley de Minería,en el que se establece a esta actividad como preponderante, por encima de las demás actividades económicas, menos la petrolera.

Los grupos ecologistas mexicanos tienen una gran tradición de lucha, de participación comunitaria. De defensa de los intereses ambientales de México. Se han plantado frente a una realidad adversa y por más de cinco décadas han exigido, de forma cotidiana, justicia ambiental para las y los mexicanos.

De tal manera que, si el gobierno de la República dice defender el medio ambiente por convicción, debería no solo abordar un programa de reforestación que se viene desarrollando desde la década de los 70, en el siglo XX. Tendría que abordar temas de justicia ambiental, protección de la biodiversidad en función de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, entre otros.

Debería de esclarecer ciertos matices que dejaron al descubierto las contradicciones en torno a la agenda ambiental federal, que se desprenden del audio filtrado del anterior secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo.

Es claro que toda explicación no pedida es la aceptación de alguna razón oculta. Y cuando Víctor Toledo asegura que en su renuncia no existe un trasfondo político, deja en claro que las presiones son de diversos actores de la vida económica, política y ambiental del país.
Sin embargo, vale la pena que se explique el plan que el mismo Víctor Toledo denunció, el de las grandes empresas agroalimentarias, de bloquear acciones que permitieran transitar hacia la agroecología.

Desde ahí, desde la propia denuncia del entonces secretario de Medio Ambiente, el presidente de la República debería estar actuando. Demandando que los grandes consorcios dejen de inmiscuirse en la toma de decisiones ambientales, soberanas, del país, pero no, hasta ahora el presidente solo ha denostado a los grupos ecologistas y los acusa de no hacer nada.

Según el propio Toledo, las empresas agroindustriales han ejercido presión para evitar que se publique un decreto que prohibiría el uso de pesticidas a base de glifosato y que entre las acciones emprendidas por esas empresas se encuentra la filtración del audio en el que señala contradicciones en el gobierno de la 4T.

De eso es interesante hablar con el presidente de México, ¿cuál es su postura? ¿Acusará a los grandes consorcios agroindustriales de seudo empresarios? ¿Tendrá el arrojo de publicar un decreto por el cual se prohíbe el glifosato en el país?

No es lo mismo acusar a los grupos ecologistas que han constituido la resistencia ambiental de México y se han opuesto a una serie de acciones que ponen en riesgo la salud y la calidad ambiental de la vida de los mexicanos a enfrentar a un conjunto de voraces empresarios que les ha importado un comino el bienestar las personas.

¿Dirá, acaso, en su mañanera, que el glifosato es inocuo y no produce daños a la salud de los mexicanos que consumen productos agrícolas fumigados con ese herbicida o pesticida?

Es seguro que aún quedan muchas batallas por dar, una de ellas es lograr que el presidente de la República vea el activismo ambiental no como su adversario. Sin embargo, esa pelea no corresponde a los grupos ecologistas, corresponde al propio Ejecutivo de la nación.

Ser ecologista, es parte de los derechos que tenemos, el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”.

La protección ambiental y la defensa del derecho humano a un ambiente sano es un asunto del país, es lícito y asociarnos o reunirnos es algo que podemos y seguiremos haciendo en cualquier lugar de México. Ahí, donde el equilibrio ecológico sea puesto en riesgo o se produzca una crisis ambiental.

Tenemos derecho a que no se nos etiquete, porque al hacerlo se discrimina y se descalifica la actividad que realizamos en las diferentes regiones del país. Demandar respeto de quien debe respetar la constitución y las leyes que de ella emanan, ni es un capricho ni es una ocurrencia, es pedir congruencia con el acto de protesta rendido durante la toma de posesión como presidente del país.

Aun cuando del gobierno federal, no se puede esperar mucho, la ausencia de conceptos y definiciones es clara, tanto, que el propio Instituto Nacional Electoral, tuvo que ordenar la eliminación de un spot en el que se hablaba más de creencias, menos de resultados. Es cierto cuando aclara que ayudar a los pobres no es comunismo. No se espera de Andrés Manuel una propuesta comunista, no está en su agenda, a lo más que llegará es a ser una parodia de los gobiernos neoliberales, asistencialistas y populistas que dice, pretende aniquilar.