Un choque frontal de pronóstico reservado se ha desatado entre los poderes de la federación: Judicial, Legislativo y Ejecutivo, en torno a la aplicación de la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos, la cual especifica que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la república; es decir, 108 mil pesos mensuales, a partir de 2019, promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Ante el desorbitante e insultante salario de los jueces, magistrados, consejeros y ministros (herederos de Fox, Calderón y Peña), que alcanzan percepciones excesivas: 250, 300, 388 mil pesos mensuales y otros más que rondan los 600 mil pesos, fue necesario aplicar dicha ley ante la presión de la sociedad civil, que veía cómo sus gobernantes se despachaban con la cuchara grande, mientras la población en general se encontraba en la pobreza lacerante. Por supuesto que no estoy en contra de la otra clase de trabajadores, aquellos profesionistas y especialistas que son profesionales y honestos al realizar un excelente trabajo dentro del servicio público y privado, ellos deben ser muy bien remunerados.

Sin embargo, ha llegado un nuevo gobierno, respaldado por la gran mayoría de la sociedad, y se fue otro u otros gobernantes que tuvieron su oportunidad de dirigir al país, pero nos fallaron a todos los mexicanos. Más de uno de estos malos gobernantes deberían estar en la cárcel en este momento y no lo están. Sin embargo, ¿cómo resolver este conflicto entre los poderes de la federación sin entrar en el juego de la polarización? ¿De un machetazo o tejiendo un fino trabajo usando el bisturí para lograr el objetivo?

En contrasentido, los ministros que hoy defienden a capa y espada sus privilegios han puesto en muchas ocasiones a los trabajadores mexicanos en la calle, como fue el caso vergonzoso del decreto de Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México, de extinguir la compañía Luz y Fuerza del Centro, echando a la calle a miles de trabajadores, dejando en el desamparo a más de 65 mil familias. Esto, sin el menor remordimiento de los partidos políticos, Poder Legislativo y el Judicial, que acataron las órdenes del Ejecutivo.

Entonces, en mi opinión, los magistrados, jueces y consejeros no representan a los miles de servidores públicos que ganan con trabajo sus remuneraciones y sí verán bajar su sueldo. Bajen los salarios exorbitantes, eso sí, y corran a los corruptos, sea quien sea, por el bien de México.

Fernando Fuentes
Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista Medicina Científica.
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