En la “mañanera” de ayer le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador quién sería el remplazo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Dijo que estaba pensando en “una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado” con el secretario.

Casi sin pausa, el presidente agregó: “A lo mejor lo convenzo de que me siga ayudando”.

Durazo había dado a conocer hace unas semanas lo que era un secreto a voces: su interés por contender por la gubernatura de Sonora. Desde ese mismo día, cuando nadie imaginaba que el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos estaba en la mira de la DEA, comenzaron a agitarse las aguas.

El vuelco hacia la militarización del gobierno de AMLO, expresado en la entrega cada vez mayor de responsabilidades al instituto armado —desde la Guardia Nacional hasta la construcción del aeropuerto—, así como la idea de incorruptibilidad que el presidente achaca al Ejército desde que ganó la elección, avivó el rumor de que el presidente quería dejar completamente en manos militares la seguridad pública.

Surgieron los nombres que en los medios se han comentado hasta el hartazgo: el del general Sergio Alberto Martínez Castuera, coordinador general de Centros Federales, comandante en varias zonas militares, director del Colegio Militar, coordinador del operativo Laguna Segura y secretario de Seguridad Pública estatal, entre otros cargos; e incluso el del general Audomaro Martínez Zapata, gente de confianza del presidente desde los años 80, encargado de su seguridad en campaña, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y actual director del Centro Nacional de Inteligencia.

La pregunta hecha ayer sobre el sucesor de Durazo vino a propósito de las recientes “filtraciones” en torno del secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, cuyo nombre también se manejó, y sobre el que el fuego amigo ha arreciado mediante la publicación parcial de su expediente en la Policía Federal: una serie de documentos que revelan, entre otras cosas, que durante su permanencia en esa institución reprobó controles de confianza respecto a la pregunta de si mantenía relaciones con el crimen organizado.
La filtración del expediente lo anula totalmente, según dejó ver el presidente al responder la pregunta de uno de sus “paleros”.

Dos supuestos candidatos más son el expanista, expresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y actual comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, aliado de AMLO desde hace más de una década —le operó varias zonas panistas en la pasada elección— y quien ha recorrido el país armando alianzas de profesionalización de las policías locales.

Espino representaría el endurecimiento que muchos anhelan: “Mano dura, bota larga, cero tolerancia”.

Dejo al último al candidato que aglutina los ánimos del secretario Durazo: Ricardo Mejía Berdeja, actual subsecretario de Seguridad Pública.
Es bien visto dentro del gabinete. Goza de las simpatías del consejero jurídico y del fiscal de la nación. Las malas lenguas dicen, sin embargo, que ese es precisamente su punto flaco ante un presidente que desconfía de quienes tienen tantos impulsores (pues no sabe si le responderán a estos, o le mostrarán la “lealtad ciega” que ha exigido).

La detención de Cienfuegos ha desatado un sismo que estrecha la baraja. La elección de un militar colocaría al presidente bajo fuego, en momentos en que se desconoce el alcance de las acusaciones contra el exsecretario. Y no parece que pueda convencer a Durazo, porque sus maletas ya están hechas y él ha confesado que el tren no tiene vuelta atrás.

¿Puede haber una sorpresa? La decisión, en todo caso, podría terminar de agravar las cifras negras que el gobierno ha cosechado en estos años.