Estamos a unos días de conocer cual será finalmente el desenlace legislativo del llamado Plan B, esa reforma unilateral que trastoca desde una única visión de país, el complejo sistema electoral mexicano.
El Congreso de la Unión inició ya su periodo ordinario de sesiones y con ello la Cámara de Senadores continúa con el proceso legislativo de esta reforma a las leyes secundarias en materia electoral que contiene una serie de apartados que, desde la óptica de diversos análisis serios, suponen diversas y notorias inconstitucionalidades.
El propósito no es sonar alarmista, respecto de que esta eventual y muy probable aprobación legislativa suponga la antesala de la incertidumbre democrática, pero es difícil no advertir los muchos riesgos que su implementación acarrearía.
Uno de éstos es el ajuste – por no decir desaparición en los hechos – de la estructura distrital permanente del Instituto Nacional Electoral (INE), es decir de las Juntas Distritales Ejecutivas, que son la columna vertebral del aparato institucional del árbitro nacional que hacen posible materializar, de manera imparcial, todas las etapas sustantivas de los procesos electorales federales.
Estas Juntas del INE, dentro de los procesos electorales se encargan entre muchas otras cosas, de todas las actividades para la ubicación, instalación e integración de todas las casillas para las jornadas electorales, a través de un cuerpo de personas servidoras públicas de carrera, que desempeñan este trabajo gracias a que aprobaron un examen de oposición y no por otro medio, que son evaluados, capacitados y vigilados en su actuar y de manera permanente respecto de la actualización y vigencia del Padrón Electoral. Para estos órganos desconcentrados, el Plan B pretende una serie de disposiciones que traerían como consecuencia la desaparición de más del 80% de su estructura profesional, convirtiéndolas en órganos temporales, que funcionarían en su mayoría con personas contratadas de manera eventual y sólo en épocas electorales, lo que no aseguraría su profesionalización permanente.
Este es un botón de muestra de una de las consecuencias que podría acarrear sólo una muy pequeña parte de esta propuesta legislativa, que, dicho sea de paso, no contó con la opinión, la discusión ni el punto de vista de nadie que no fuera el bloque mayoritario del Congreso de la Unión, sería pues, la primera reforma de gran calado desde aquel funesto 1988, que no cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas que representan legítimamente la diversidad de pensamiento y opinión de nuestra república.
Ante todo esto, el INE presentó el pasado 25 de enero, el Informe que relata con toda seriedad y rigor técnico, la incidencia en la función electoral del llamado Plan B, sin embargo todo indica que a la propuesta de reforma no se le cambiará nada de lo ya conocido, aún lo inconstitucional, por lo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien podrá tener la oportunidad y sobre todo la responsabilidad de hacer valer nuestra Constitución.
Con esto, el informe presentado por el INE y que puede ser consultado aquí https://bit.ly/3Y291KJ quedará como un fiel testigo de que, desde una visión objetiva, técnica y seria, sí se advirtió al legislador y a la historia, del enorme riesgo en el que se puso a la democracia mexicana en aquel febrero de 2023.
Guillermo Corrales | Consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
