Un paquete de 9 iniciativas de ley y 14 reformas constitucionales, que todavía no se presentan y que nadie conoce formalmente, han levantado una enorme polvareda y generado todo tipo de reacciones adversas no sólo entre juristas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que, a partir de algunos borradores que se filtraron a la prensa las califican de “regresivas, peligrosas y que atentan contra las garantías fundamentales de los mexicanos y el principio de presunción de inocencia”.

El problema es que ese paquete de propuestas que conforman la reforma judicial no tiene ni siquiera el consenso de la 4T y la división que provocó entre el gabinete, la Fiscalía General de la República y la mayoría de Morena en el Senado de la República, fue la causa de que no se presentara oficialmente el pasado 15 de enero, cuando estaba prevista su entrega a los senadores para que comenzaran su revisión y discusión.

Ese miércoles 15 de enero, antes de llegar al Senado de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que fueron los únicos autores de las nueve iniciativas de ley y 14 reformas constitucionales, citaron en las oficinas del fiscal al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, a quien le presentaron por primera vez las iniciativas. Fuentes cercanas a la Fiscalía cuentan que ahí hubo una discusión fuerte entre los tres personajes, y que Durazo dijo tajante que no estaba de acuerdo con el contenido de las propuestas.

A las 11:30, Scherer y Gertz se trasladaron con su paquete de reformas judiciales al Senado, donde los recibió Ricardo Monreal. Ahí le dijeron que las propuestas estaban listas y se las quisieron entregar formalmente. Monreal se negó a aceptarlas y preguntó por qué no estaba Alfonso Durazo, que había confirmado su asistencia; tampoco había llegado Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación.

Afuera del Senado, en su camioneta, estaba Durazo que se negaba a ser parte del acto. Después llegaría Olga Sánchez y su primer comentario a Monreal fue: “No conozco esas iniciativas y no puedo avalar algo que no conozco”.

Monreal le pidió entonces al fiscal y al consejero Jurídico que “primero resuelvan sus diferencias” y que era preferible, si no había consenso ni en el gabinete, que mejor no entregaran las iniciativas ese miércoles y que él, de plano, prefería no recibirlas en esas condiciones y que era mejor posponer el evento. Gertz se quejó de que él no era parte del Ejecutivo y no tenía por qué coordinarse con nadie.

“¿Qué hacemos entonces?”, preguntó Julio Scherer y, ante la división ya inocultable que provocaba el tema, acordaron en ese momento que habría solo un acto de explicación de las iniciativas, pero que éstas no se presentarían sino hasta el 1 de febrero, día del arranque del periodo ordinario de sesiones.

Para esos momentos, con el gabinete dividido y confrontado por la autoría y el contenido de la reforma judicial, el tema ya había explotado en los medios y las redes sociales a partir de la filtración de fotocopias de las iniciativas de ley que circularon desde el martes anterior.

Veremos si este sábado que comienza el periodo de sesiones llega o no el paquete de reforma judicial y si lo presentan en qué términos viene. Por lo pronto, la decisión de la bancada de Morena, incluso ya consultada con el presidente López Obrador, es que se abra un “Parlamento abierto” en el que se escuchen a todos los que tengan que opinar sobre el tema juristas, penalistas, ONG, defensores de derechos humanos, opositores. Incluso se invitará al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a opinar sobre los cambios que pretenden hacerse a la Ley de Amparo, de los cuales tampoco consultaron al Poder Judicial. El camino pues, será largo y nada fácil para la reforma judicial y en una de esas, dicen en el Senado, ni siquiera sale en este periodo que termina en abril.