Contrario a versiones falsas que se manejaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la viabilidad jurídica y constitucional de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Ni su presidente, Arturo Zaldívar, ni ningún otro ministro o ministra han emitido opinión y no lo harán hasta que reciban la solicitud formal por cualquiera de las tres vías que marca la Constitución para autorizar la realización de un ejercicio de consulta a la ciudadanía sobre un tema tan delicado y sensible. Hoy podrían llegar esas solicitudes, tanto la que anunció el presidente López Obrador que enviaría a través de un escrito a los ministros del pleno, como el que mandará también el Senado, según anticipó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Hasta ayer lunes, la recolección de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana no alcanzaba la cifra de un millón 800 mil firmas de ciudadanos identificados, a pesar de los esfuerzos realizados por varios grupos, algunos civiles y otros vinculados a Morena que se dieron a la tarea de recolectar las firmas necesarias para avalar una solicitud a la Corte por esa vía. Y ante la posibilidad de que no se alcance el requisito constitucional, ayer en su conferencia mañanera López Obrador decía que de cualquier modo él ya tenía listo el escrito de petición que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitarle su aval de constitucionalidad al mecanismo por el que se pretende preguntarle a los mexicanos si están o no de acuerdo en que se lleve a cabo un juicio a cinco expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, hasta Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El quid de toda esta cuestión radica en la elaboración de la pregunta que se pretende someter a consulta de los mexicanos. De la redacción y la formulación de esa pregunta depende en gran medida de que la Corte decida o no darle el reconocimiento constitucional a dicha consulta. Todos los ministros, nos dicen fuentes cercanas al Poder Judicial de la Federación, están expectantes por saber qué dice la interrogante que se formularía en este ejercicio democrático porque de ello depende que le den o no el aval de constitucionalidad. Por ejemplo, abogados constitucionalistas consultados por esta columna nos dicen que si la pregunta que se hace fuera: “¿Usted quiere que enjuiciemos a los expresidentes?”, no pasaría ni sería aceptada por la Corte; en cambio una pregunta más abierta como: “¿Está usted de acuerdo que haya juicio a expresidentes de la República si la autoridad encuentra malversación de fondos?”, entonces sí podría pasar porque dice lo obvio.

El propio ministro presidente, Arturo Zaldivar, ha dicho que no se va a pronunciar sobre la consulta ciudadana de manera anticipada por respeto al debido proceso. Hasta que la Corte no conozca el contenido y la redacción de la pregunta no emitirá ninguna opinión porque de eso depende la legalidad del posible ejercicio.

Así que, más allá del tema de la prescripción de delitos que señalan juristas y de que haya quien considere innecesario un ejercicio de consulta pública para llevar a los expresidentes a un proceso judicial inédito en la historia del país, veremos qué dicen los ministros de la Corte que con su decisión pueden validar y dar legalidad a una consulta que sería histórica o pueden también echar por tierra la posibilidad de que se someta a juicio a cinco exmandatarios si consideran que lo que se pretende preguntarle a los mexicanos es, de inicio, violatorio de la Constitución. Por eso la decisión de procesar por primera vez a los expresidentes, más que en manos del presidente López Obrador, está en las manos de la Suprema Corte de Justicia.