Cerrando un 2021 con inflación de 7.36 por ciento en diciembre; el primero de enero teníamos un reto impresionante, sin profundizar en términos económicos. Cuando la inflación sube o se dispara es o debería de ser la preocupación del gobierno para darle de comer a sus habitantes. Ese es el centro, el objetivo principal de controlar la inflación en un país. En pocas palabras, la política monetaria, que es la encargada de todo esto, debe estar preocupada en todo momento de que a los ciudadanos les alcance a pagar con su salario lo que les ayuda al sostén diario de su familia.
México no había vivido un aumento de precios tan alto desde hace dos décadas. La economía del país cerró en 2021 con una tasa de inflación anual en 7,36 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En medio de los esfuerzos del Estado Mexicano para promover la recuperación económica por la crisis del coronavirus, esta cifra rompe con los objetivos establecidos por el Banco de México, que se ubica en un rango estimado de 3 por ciento. Hasta ahora, no ha habido medida que pueda con los aumentos de precios.
Los costos de la canasta básica son los que más han golpeado el bolsillo de los mexicanos, según el Inegi, los productos que tuvieron mayor incidencia en la inflación de diciembre fueron: la carne de res, el limón, la gasolina de bajo octanaje, el pollo y el plátano.
La inflación de los precios de los víveres hace que muchas personas no puedan permitirse pagarlos, incluso en aquellos lugares donde hay disponibilidad. Esto ocurre sobre todo en estados como el nuestro. En Hidalgo, el aumento de los precios no se ha traducido necesariamente en mayores beneficios para las productoras y los productores de alimentos, especialmente en el caso de los pequeños campesinos y campesinas que no podían permitirse comprar semillas y fertilizantes, o el transporte de sus productos a los mercados.
En este escenario, resultan preocupantes las actuales tendencias de la inflación, aunque se argumenta, -desde la perspectiva económica-, que es un fenómeno temporal, cuando se trata de un proceso de incremento de precios de los alimentos y los productos básicos, que éstos impliquen mayor gasto para los hogares de por sí ya empobrecidos, aun cuando sea “sólo durante dos o tres meses”, constituye un duro golpe a sus capacidades de supervivencia, salud y desarrollo presente y futuro, sobre todo si se piensa en los hogares en pobreza extrema y con recién nacidos, para quienes los primeros tres meses de vida son cruciales para la existencia.
Datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) revelan que, de cada peso, son 85 centavos que se destinan a la compra de alimentos; la población ha tenido que abaratar el tipo de productos que consume y cancelar la proteína, como es la carne o el huevo.
En ese sentido, aquí en el estado, familias contemplan hasta 85 por ciento de su ingreso exclusivamente para la adquisición de productos alimenticios, cada vez en menor cantidad y también calidad lo que ha provocado un empobrecimiento social alimentario.
Dos de cada 10 hidalguenses padecen hambre; puede ser porque comen una o dos veces al día, o incluso un día sin comer; sus ingresos los destinan para alimentos, y a un lado queda subsanar servicios como transporte, además de educación y salud, por citar algunos.
En conclusión, la decisión de controlar la inflación alimentaria, en el estricto sentido de la palabra recae en que las decisiones del gobierno federal no sigan apoyando a los hidalguenses con un bono mensual de 6 mil pesos en la Sierra y la Huasteca y éstos deciden abandonar el campo y conformarse a vivir sólo de ese bono, provocando el rompimiento del primer sector económico de sustentabilidad y generando un índice inflacionario alimentario, que podría estancar a nuestro país.
