Las investigaciones que mantiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Emilio Lozoya por el robo de hidrocarburos en altamar son un escándalo y apuntan hacia el saqueo a los recursos de la nación más grande de la historia, el cual tiene lugar en las plataformas petroleras e involucra una red de comercio ilícito de carácter internacional.

Durante cerca de 40 años, desde las épocas de la llamada bonanza petrolera del país, trabajadores de Pemex han denunciado diferencias abismales entre el producto que se registra en las sondas de extracción y el que se reporta finalmente al arribar a las terminales marítimas.

La diferencia en los volúmenes de producción se ha llegado a justificar como una merma por “evaporación”, pero el fenómeno físico explica únicamente la desaparición de 10% del producto, cuando las diferencias de punto a punto de la cadena de extracción y distribución llegan a ser, según las denuncias de los propios operadores de las plataformas, hasta de 50 por ciento.

En este caso, la actividad criminal no se limita al robo de combustibles para comercializar en el mercado mexicano, conocido como huachicol, sino que se extiende a la desaparición de grandes cantidades de crudo que sin papeles de origen se lleva a comercializar al mercado libre internacional.

La operación se realiza principalmente en las terminales marítimas de Dos Bocas y Cayo de Arcas; esta última incrustada en el Golfo de México y responsable de despachar los buques que distribuyen la producción del yacimiento Ku Maloob-Zaap. En Cayo de Arcas, dicen los reportes en poder de las autoridades, abundan buques con banderas de países asiáticos e incluso africanos, los cuales se emparejan con los barcos de traslado para sustraer el producto. En otras ocasiones, esos mismos buques se cargan directamente de las boyas de Pemex.

En los tiempos de bonanza de la industria petrolera, con precios superiores a los 100 dólares por barril, cada barco cargado de crudo representaba un negocio por alrededor de 100 millones de dólares, de acuerdo con los especialistas. De estos recursos debió haber tenido conocimiento el director de Pemex en turno y sus mandos superiores, por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, lo que pondría bajo la mira de las autoridades a muchos más exfuncionarios de los que se pensaba. Es decir, que no sólo los exdirectivos y exsecretarios de Estado relacionados con la administración de Enrique Peña Nieto estarían bajo investigación, sino también los de sexenios anteriores.

En los tiempos de Lozoya, los márgenes se redujeron por la caída en el precio del petróleo; sin embargo, aún en el peor de los escenarios, se calcula el movimiento de producto por un mínimo de 25 millones de dólares por embarque, lo que representa una utilidad neta de cuatro millones si se resta el porcentaje de costos de logística del mercado petrolero internacional.

En cuanto a la frecuencia se habla de hasta dos buques diarios de hidrocarburos involucrados en esta histórica red delictiva, la cual solo podría entenderse en una lógica de cooperación de propietarios de buques, operadores logísticos y compradores ubicados en diferentes países alrededor del mundo.

Desde principios de este sexenio, justo cuando se experimentó en México el periodo de escasez de combustibles por la lucha contra el huachicol, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta abundante fuga de recursos y prometió que su gobierno acabaría finalmente con este robo en la zona de altamar.

La investigación que le espera por este tema a Emilio Lozoya será entonces por un desfalco de recursos públicos muy superior al de casos todavía en ciernes como el de la compra del astillero Hijos de J. Barrales en España, o los de Fertinal y Agronitrogenados, e incluso el escandaloso asunto de Odebrecht.

El reto ahora para el Ministerio Público es que, en breve, todas estas indagatorias se lleguen a judicializar. La pelea entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con el titular de la UIF, Santiago Nieto, debe parar. El presidente López Obrador ya debería estar intermediando entre estos dos funcionarios de su gobierno para que las extradiciones de Emilio Lozoya, Tomás Zerón y del exgobernador César Duarte no terminen por resultar un fiasco, lo cual dejaría muy mal parados a todos los funcionarios de este gobierno.

Mario Maldonado