El gobierno de la Cuarta Transformación se ha convertido en un blanco perfecto para los hackers internacionales por la casi nula inversión en servicios de tecnología y seguridad informática, lo que ha dejado vulnerables los sistemas estratégicos de la mayoría de las dependencias públicas.

En lo que va del sexenio, se han concretado por lo menos cinco grandes ciberataques a instituciones de gobierno o empresas productivas del Estado, de una cantidad de intentos de penetración a las plataformas gubernamentales que se cuentan en más de 100 millones de pesos.

Entre los casos más sonados, por la gravedad de los ataques y sus consecuencias, están el de la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela Márquez, y el de Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero, en el que los delincuentes exigían 5 millones de dólares para liberar los sistemas.

Estos son indicios de un posible desastre que parece inminente ante una reducción de hasta tres cuartas partes del presupuesto destinado a la tecnología e incluso hasta la cancelación o el impago de licencias de sistemas operativos para apostar por los softwares libres.

En números fríos, son casi 200 mil millones de pesos los que el gobierno dejará de ejercer en los capítulos 2000 y 3000 del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a “materiales y suministros” y “servicios generales”, respectivamente, rubros con los que suele modernizarse y fortalecerse las plataformas tecnológicas de las dependencias.

El decreto de austeridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, obligó a las unidades compradoras a reducir 75 por ciento su presupuesto en esta materia, bajo las necesidades económicas que le representaría al país la pandemia por Covid-19, pero en un escenario en el que el trabajo a distancia eleva los riesgos de fuga de datos.

A esto se suman las intenciones de la administración de Andrés Manuel López Obrador por transferir sus plataformas operativas hacia los softwares libres como OpenOffice o el tradicional Linux, las cuales podrían alcanzar niveles aceptables de funcionalidad, pero subir el riesgo de fallas al carecer éstas de algún tipo de garantía.

La idea, con fines de austeridad extrema, se ve materializada en el ejercicio del gasto de los dos primeros años de gobierno, pues secretarías de Estado y oficinas de gobierno han dejado de pagar licencias.

De 2018 a 2019, por ejemplo, el gasto para pagar licencias de Microsoft Corporation cayó 99 por ciento, al pasar de más de 3 mil 800 millones de pesos en el último año de Enrique Peña Nieto a 45 millones en el primer año de la Cuarta Transformación, según la plataforma Compranet.

A pesar de que en diversos contratos firmados en 2018 se contempló una vigencia multianual, la mayoría venció a inicios de 2019 y únicamente se mantienen activos los de unas pocas unidades relacionadas con la Secretaría de Hacienda.

El panorama en el corto plazo no cambiará, puesto que incluso la licitación que desde la Oficialía Mayor de Hacienda de Raquel Buenrostro se preparaba el año pasado para la compra consolidada de tecnología, hoy con Thalía Lagunas ha quedado en el olvido, dejando como beneficiario a los delincuentes cibernéticos.

Mario Maldonado